Arturo Torró ha declarado este martes en la Audiencia Provincial por el Caso Tele7, proceso en que se juzga la comisión de delitos de malversación de caudales públicos y fraude en la contratación en la adjudicación de los servicios de comunicación audiovisual entre 2012 y 2015. Un proceso donde el que fuera mandamás del Partido Popular de Gandia se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 8 años de prisión y 20 de inhabilitación.

Antes de su entrada en los juzgados, Torró tiró de su reiterada cantinela verbal acusando a Diana Morant de haber urdido una supuesta persecución política que ha acabado con él declarando. Preguntado sobre la Fiscalía, volvió a cuestionar veladamente su función y anunció que no iba a responder a las preguntas que le hicieran tanto la acusación popular como la Fiscalía porque “no tiene ninguna credibilidad”. Aspecto que ha cumplido durante su comparecencia ante el Juez.

En su declaración, que ha sido interrumpida en dos ocasiones por el Juez para que se abstuviera de realizar manifestaciones políticas y se ciñera a los hechos, Torró ha derivado toda la responsabilidad en los técnicos municipales y el resto de miembros de la Junta de Gobierno y Consejo Administración de la empresa pública IPG que supuestamente tomaron las decisiones.

También ha manifestado que no conocía al empresario beneficiado (Ricardo Faura) aunque admitió que se había reunido con él a petición de otro empresario del sector audiovisual.

Sobre la indemnización y sus motivaciones para conceder cerca de 400.000 € a la empresa que está implicada en los hechos juzgados, el ex alcalde ha llegado a afirmar que se otorgó dicha cantidad porque “el empresario estaba desesperado”.

Durante toda su intervención, el que fuera primer alcalde del Partido Popular en Gandia, ha intentado justificar sus decisiones y acciones sobre la base de la mala situación económica del consistorio, mientras afirmaba que estas decisiones eran “aplaudidas incluso por la oposición, sin quejas ni objeciones”.

El exalcalde mantuvo durante toda su intervención que los funcionarios fueron los encargados de gestionar todo el proceso aunque durante la jornada de este martes, se han aportado correos certificados donde se demostraría que todos los pliegos se tramitaron y impulsaron por parte de Cristina Serrano, quien fuera cargo de confianza del propio Torró y que también se sienta durante estos días en el banquillo de los acusados.