Julio de 2011. Arturo Torró ordena el cierre de Gandia Televisió y Víctor Soler, como presidente del Consejo de Administración cumple el mandato del alcalde, cierra la televisión y despide a todos los trabajadores de la empresa.
Paralelamente, ordena una encomienda de Gestión a IPG para que se inicie un procedimiento negociado al que se presentan dos empresas: Comarques Centrals Televisió SL e Inversiones Especiales del Mediterráneo SL.
Ambas mercantiles no compiten entre ellas y cada una se adjudica uno de los lotes por importe de 500.000€ al año bajo el siguiente concepto “Producción, edición y difusión de un conjunto de programas diversos y equilibrados para todo tipo de público y que cubre todos los géneros a excepción de la producción y edición de los programas de informativos. Dándose mayor relieve a los aspectos relativos a la participación de la ciudadanía en general”. Básicamente, el Ayuntamiento de Gandia iba a pagar por lo que debe hacer un medio de comunicación, evitando el control de los funcionarios al tramitar todo el proceso a través de la empresa pública.
Poco después, Comarques Centrals Televisió SL solicitaba la rescisión del contrato y a pesar de esta petición, y de la ausencia de trabajos que lo justificasen tal y como sostienen acusación y Fiscalía, el gobierno de Gandia a través de la empresa pública abonó a la mercantil 500.000 € con una condición: “no emitir hasta 2016 programación de carácter político en la ciudad de Gandia”.
Los hechos fueron denunciados en su día por el PSPV-PSOE de Gandia tras múltiples denuncia públicas que cayeron en saco roto y tras una larga instrucción llevada a cabo por los juzgados de Gandia.
Ahora el caso se dirimirá en la Audiencia Provincial durante el proceso que se iniciará el próximo 12 de diciembre y que se alargará hasta el día 20 del mismo mes y que, junto al ex alcalde, sentará en el banquillo de los acusados a Ricardo Faura (Administrador de Comarques Centrals Televisió durante los hechos), Javier Reig (ex coordinador general de áreas de alcaldía con el Partido Popular), Antonio Abad (actual concejal del PP de Gandia), José Vicente Codina, Josep Lluís Giménez y Cristina Serrano, ex asesora en el ayuntamiento nombrada por Torró.
La Fiscalía solicita 8 años de prisión y 20 de inhabilitación para el exalcalde. Además, el inicio de este proceso implica otras medidas como son fijar una fianza de Responsabilidad Civil de 4.020.000 euros, que deberán prestar todos los acusados de manera solidaria y otra de responsabilidad civil subsidiaria de 480.000 € a Comarques Centrals Televisió.
Fuentes consultadas por GENTE afirman que la situación de Torró y el resto de acusados está comprometida, ya que el Tribunal de Cuentas condenó el pasado mes de septiembre a Torró a abonar 283.125 euros (más intereses legales generados desde 2015) por esta misma causa, al considerar que los hechos que se abordarán a partir del día 12 de diciembre en la Audiencia Provincial, han sido probados.