La Generalitat Valenciana ha puesto punto final al proyecto de 108 viviendas públicas de alquiler que se iban a construir en el barrio de Santa Anna de Gandia. Lo que debía ser un ejemplo de regeneración urbana y solución al acceso a la vivienda, se ha convertido en otro capítulo de promesas incumplidas: tras años de trámites y anuncios, el contrato ha sido anulado por la renuncia de la empresa adjudicataria.
Tal y como publica EL LEVANTE este miércoles, la UTE Urbania y Visoren, responsable de ejecutar las obras en dos parcelas junto al Palau de Justícia, ha abandonado la iniciativa alegando «controversias jurídicas» derivadas del pliego redactado en tiempos del Botànic. La decisión deja en el aire una inversión respaldada por fondos europeos Next Generation y agrava la falta de vivienda pública en una ciudad.
Un proyecto que nunca empezó
Los dos bloques, de 54 viviendas cada uno, debían construirse en régimen de alquiler sobre suelo público cedido por la Generalitat por un periodo de 75 años. Aunque la adjudicación se firmó en mayo de 2023, las obras nunca arrancaron.
Desde la Conselleria de Vivienda, que encabeza Susana Camarero (PP), aseguran que volverán a licitar la actuación dentro de una operación más amplia que incluye 300 viviendas repartidas entre Gandia, València y Silla. Pero lo cierto es que no hay fechas ni certezas.
Pérdida de fondos europeos
La situación es aún más grave si se tiene en cuenta el resto de promociones proyectadas en Santa Anna, que suman más de un centenar de viviendas. Según se informó desde este medio el pasado 12 de julio, los otros dos bloques —uno de 67 y otro de 37 pisos— siguen pendientes de adjudicación, aunque las licitaciones ya se han publicado.
El verdadero obstáculo es el calendario: Europa exige que las obras estén terminadas el 30 de junio de 2026. Para mantener la financiación, al menos el 50 % de cada edificio debe estar ejecutado a mediados de 2025. En este contexto, la Generalitat se arriesga no solo a perder los fondos, sino a tener que asumir el coste completo con recursos propios, lo que podría arrastrar otras inversiones públicas.
El Ayuntamiento de Gandia toma medidas
Frente a la parálisis autonómica, el consistorio gandiense ha optado por actuar. A principios de junio activó ayudas para movilizar viviendas vacías en alquiler y, recientemente, ha comprado un edificio completo en la céntrica calle Magistrat Català, propiedad de la Sareb, que pasará a formar parte del parque público tras su rehabilitación.
El movimiento contrasta con la situación de bloqueo del gobierno autonómico, cuyas promociones no suman ni un metro cuadrado construido.