Los proyectos de construcción de 212 viviendas en el barrio de Santa Anna de Gandia se encuentran en situación de alerta económica. Según las condiciones impuestas por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation, las obras han de estar terminadas el 30 de junio de 2026, misión imposible a la altura del calendario en el que nos encontramos a menos que la UE nos conceda una prórroga de ejecución a todos aquellos proyectos que se encuentren iniciados y con el 50 % de las obras ejecutadas. De no cumplirse ese requisito, las obras en Gandia de la Generalitat Valenciana podrían perder la financiación europea, lo que obligaría al gobierno de Mazón a asumir la totalidad del coste con fondos propios debido a los reiterados retrasos en la gestión de los trámites de su exclusiva competencia.
El proyecto más ‘avanzado’ es la edificación de 67 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler asequible, cuyas obras ya han sido licitadas por un importe de 10,5 millones de euros, de los cuales 2,7 millones proceden directamente de los fondos europeos. Meses después de terminar el plazo para presentación de propuestas, la adjudicación del proyecto no está concluida. En esa misma situación se encuentra otra parcela de 37 viviendas que la adjudicación se encuentra estancada desde enero de 2025. A este proyecto se suman otras 108 viviendas más, previstas en dos parcelas adicionales dentro del mismo ámbito de actuación, que, a pesar de haberse adjudicado en las postrimerías del gobierno del Botànic y con licencia de obra ya dada por el Ayuntamiento, todavía no han arrancado las obras.
El mayor riesgo reside en el calendario. El proyecto de las 67 viviendas licitado en abril de 2025 contempla un plazo de ejecución de 24 meses, lo que desplazaría la finalización más allá del límite marcado por Europa. Para evitar la pérdida de fondos, el 50 % de la obra debería estar adjudicada y ejecutada en menos de un año, un objetivo que desde distintos sectores se considera extremadamente difícil, si no imposible, de alcanzar.
La consecuencia directa del incumplimiento sería la devolución o pérdida automática de los fondos europeos, obligando a la Generalitat Valenciana a cubrir esa parte con recursos propios, lo que podría comprometer otras inversiones públicas.
Desde el Ayuntamiento de Gandia se han tomado medidas para combatir el problema de la falta de vivienda. A principios de junio se activaron una serie de ayudas e incentivos dirigidos a sacar al mercado viviendas vacías en régimen de alquiler, con el objetivo de aliviar la presión de la demanda mientras avanzan los proyectos de nueva construcción.
En paralelo, el consistorio ha dado un paso más en su estrategia de ampliación del parque público de vivienda. El Ayuntamiento ha formalizado recientemente la adquisición de un edificio completo en la céntrica calle Magistrat Català, propiedad de la Sareb. El inmueble, que llevaba años desocupado, incluye cinco viviendas, tres trasteros y tres cocheras.
Asimismo, se están evaluando fórmulas administrativas que permitan agilizar los trámites y acelerar la ejecución de obra en cuanto se adjudiquen las parcelas pendientes.
El ejecutivo local insiste en la necesidad de actuar con la máxima celeridad y coordinación institucional. A falta de menos de un año la ejecución en Santa Anna es del 0% y la incertidumbre del 100%.
… y Mazón recorta 1.132 millones de euros del presupuesto
El Consell de Carlos Mazón aplicará un recorte de 1.132 millones de euros sobre los presupuestos autonómicos aprobados para 2025, según el plan de ajuste pactado con el Ministerio de Hacienda. Esta reducción, que equivale a un 3,5 % del gasto, es condición para que la Comunitat Valenciana acceda a los fondos estatales de liquidez. El mayor ajuste se aplicará en subvenciones y ayudas (Capítulo IV), con una rebaja de 986 millones, seguido del gasto de personal, que desciende en 492 millones, y las inversiones indirectas, recortadas en casi 190 millones. El plan también detalla que las rebajas fiscales del Consell supondrán una merma de ingresos de más de 900 millones en dos años. Estas cifras contrastan con el presupuesto aprobado junto a Vox, que ya incluía partidas poco realistas. Las cuentas finales se ajustan a un escenario más restrictivo acordado con el Ejecutivo central antes incluso de su aprobación en Les Corts.