El ex alcalde de Gandia podría ser condenado a 8 años de prisión y 20 de inhabilitación 

Tal y como avanzó GENTE el pasado 22 de noviembre, Arturo Torró se convierte este lunes en el primer ex alcalde de Gandia que se sienta en un banquillo de los acusados para afrontar una pena de prisión de ocho años. El ex alcalde ya ha llegado a la Audiencia Provincial de València para enfrentarse a un juicio que está previsto que se alargue hasta el 21 de diciembre de este mismo año.

Tal y como consta en el escrito del Ministerio Público, Torró, utilizando la empresa pública IPG para escapar del control de los funcionarios, “concibió, promovió y asumió la obligación de pagar a la mercantil que gestionaba el otro procesado, el empresario Ricardo Manuel Faura, diversas cantidades de dinero público, pese a que sabía que no había causa que lo justificase y causando un claro perjuicio para las arcas públicas”. 

Junto a Torró y Faura, la Fiscalía también sentará en el banquillo de los acusados a Javier Reig (ex coordinador general de áreas de alcaldía con el Partido Popular), Antonio Abad (actual concejal del PP de Gandia), a los que en su día fueron director y administrador de Inversiones Especiales del Mediterráneo SL, José Vicente Codina y Josep Lluís Giménez Estruch respectivamente y Cristina Serrano, ex asesora en el ayuntamiento nombrada por Torró.

Por todos estos hechos, el Tribunal de Cuentas ya condenó el pasado mes de septiembre a Torró por esta misma causa, al considerar que los hechos que se abordarán a partir mañana en la Audiencia Provincial, habían sido probados.

¿Qué se juzga?

Durante el juicio se intentará averiguar las razones que llevaron al ex alcalde de Gandia a ordenar que la empresa pública IPG asumiera la obligación de pagar a Comarques Centrals Televisió S.L. la cantidad de 500.000 euros de dinero público, a pesar de no haber existido causa que justificase el pago, lo que según la Fiscalía causó “un claro perjuicio para las arcas públicas”.

¿A qué penas se enfrentan los acusados?

El Ministerio Público pide para Torró la pena de 8 años de prisión, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, inhabilitación absoluta durante 20 años, y abono de costas procesales.  Es decir, en caso de ser condenado Torró no podría volver a presentarse a unas elecciones hasta pasado el 2040.

También se solicita la misma pena para Ricardo Manuel Faura, administrador de la mercantil Comarques Centrals Televisió S.L.