Esta mañana ha dado comienzo en la Ciutat de la Justicia de Valencia el juicio por el conocido como “Caso Tele 7”, un procedimiento penal donde Arturo Torró se ha convertido ya en el primer alcalde de Gandia que se sienta en un banquillo de los acusados para afrontar una pena de prisión.
El ex alcalde ha atendido a los medios de comunicación antes de sentarse en el banquillo y ha mostrado su confianza en la Justicia. Fiel a su línea habitual ha vuelto a hacer referencia a una “persecución política” y “una obsesión que ya todo el mundo conoce”.
Poco después, el abogado de Arturo Torró ha pedido la suspensión de juicio amparándose en la posible reducción del delito de malversación que se está estudiando. Una reforma que, en todo caso, seguiría castigando el desvío de dinero que cause “daño o entorpecimiento grave” en el bien público como se está juzgando y que, curiosidades de la vida, haría que la petición de Esquerra Republicana acabara beneficiando a Arturo Torró a la hora de reducir los ocho años que le solicita la Fiscalía.
Los magistrados han desestimado tal petición por lo que el juicio continuará tal y como estaba previsto.
Junto a Torró y el empresario Ricardo Manuel Faura, se sientan también como acusados Javier Reig (ex coordinador general de áreas de alcaldía con el Partido Popular), Antonio Abad (actual concejal del PP de Gandia), José Vicente Codina y Josep Lluís Giménez Estruch y Cristina Serrano, ex asesora en el ayuntamiento nombrada por Torró.
Además de los ocho años de prisión por los delitos de malversación de caudales públicos y fraude en la contratación pública, el Ministerio Fiscal también solicita la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, inhabilitación absoluta durante 20 años, y abono de costas procesales.
¿Qué se juzga?
El caso ‘Tele 7’ juzga el pago de cerca de 500.000 € a la empresa Comarques Centrals Televisió poco después de que ésta hubiera solicitado la rescisión del contrato que dicha mercantil tenía firmada con la Iniciatives Publiques de Gandia (IPG) empresa pública dependiente del gobierno municipal.
Estos mismo hechos ya fueron juzgados por el tribunal de Cuentas quien encontró culpable a Torró y Faura obligándoles a devolver al Ayuntamiento de Gandia la cantidad de 350.000 euros.