El presidente del Partido Popular de Gandia y portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento, Víctor Soler, ha declarado esta mañana en la Audiencia Nacional en calidad de investigado por su presunta implicación el conocido Caso Púnica, una de las principales causas de corrupción que investiga la Audiencia desde hace años, y que acumula varias piezas. El juez le atribuye delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias y prevaricación, entre otros.

El magistrado Manuel García Castellón reactivó hace unos meses las investigaciones de la trama e incluyó al también exdiputado autonómico al mantener sospechas fundadas de que en su etapa como concejal y secretario general del partido en Gandia colaboró con el entonces alcalde Arturo Torró (ya imputado) en el desvío de fondos públicos para pagar campañas publicitarias para mejorar la imagen y posicionamiento en internet del primer edil. En su declaración, Soler ha defendido que no sabía nada sobre ningún pago. Ha respondido a las preguntas de juez y fiscal, pero se ha negado a contestar al abogado de Torró, presente en la causa, según han confirmado a ‘Gente’ fuentes cercanas al caso.

La investigación concluye que durante los años 2012, 2013 y 2014 la trama Púnica trabajó para el PP de Gandia a través de la contratación de unos servicios con elevados sobrecostes y otros incluso ficticios, y que además dichos servicios fueron sufragados por el propio Ayuntamiento durante la legislatura en la que Arturo Torró fue alcalde. Sin embargo, el líder del PP en Gandia ha explicado al juez que él desconocía los pagos que se realizaron tanto en el partido como en el Ayuntamiento y que él actuó como “un simple correveidile” por órdenes e instrucciones de Arturo Torró.

Sin embargo, según el documento de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil al que se ha hecho alusión hoy durante la declaración, queda demostrado que Víctor Soler no fue meramente conocedor de los hechos delictivos, sino que participó directamente en los tratos con Alejandro de Pedro, cabecilla de la red corrupta. El documento policial recogía el intercambio de mensajes entre Soler y de Pedro, en los que negociaban el contenido de las campañas de promoción y las formas de sufragarlas. Asimismo, revelan algunas discrepancias entre ambos sobre dicho contenido o la cantidad mensual a pagar por los susodichos trabajos de mejora de la reputación en la red.
 

Tanto Torró como Soler ya declararon en 2015 tras los registros que la UCO realizó en el Ayuntamiento durante los cuales se incautaron de cuantiosa documentación en la que se reflejaba la contratación irregular de algunas empresas para financiar los contratos con De Pedro, a través de la empresa pública Iniciatives Públiques de Gandia (IPG). Entonces, el exalcalde y otros cargos del partido ya apuntaron a Soler como responsable de las negociaciones con el informático, conocido como «el conseguidor» de la trama Púnica.

Junto a Soler, el juez de la Audiencia ha imputado a otras 57 personas, entre testigos e investigados, la mayoría cargos públicos del Partido Popular en Madrid y Valencia. Las comparecencias arrancaron el 18 de enero y concluyen hoy con la comparecencia de Víctor Soler, el último en responder al juez.