El concejal de Responsabilidad Social, Nahuel González, acompañado del técnico de la Oficina de Mediación Hipotecaria, Silverio Cabrera, han comparecido esta mañana ante los medios de comunicación para hacer un balance del servicio municipal que ofrece el Ayuntamiento, de forma gratuita, desde 2016, en colaboración también con el Colegio de Abogados de Valencia.
Así, han destacado, en primer lugar, la bajada considerable en cuanto al número de atenciones o consultas (cláusulas suelo, gastos de formalización de préstamo, asesoramiento de alquiler, de VPO, expedientes de desahucios…): 290 en lo que llevamos de año, frente a las 945 de 2016 y las 980 de 2017. La bajada también es considerable en cuanto a los expedientes de mediación hipotecaria: 55 (2018), frente a 142 de 2017.
“Las causas se deben de, según mi opinión, a la presión hacia los bancos de la administración pública, colectivos y opinión pública para paralizar los desahucios y forzar una negociación con los propietarios. Pero también al hecho que las entidades bancarias ya no conceden tantas hipotecas como antes”.
Sin embargo, la cifra ha aumentado en el caso de los lanzamientos/desahucios: 31 (2018) / 20 (2017) / 19 (2016).
“Esto se debe de a que la problemática de los desahucios se ha trasladado de los derivados de no poder pagar la hipoteca al de alquiler, sobre todo las familias en riesgo de exclusión social. Es una batalla diaria mucho más complicada, porque entran en juego también los derechos de los propietarios de las viviendas. Estamos continuamente buscando soluciones”.
De los 31 expedientes finales de desahucios, 8 se corresponden a hipotecarios (4 en 2017 y 7 en 2016), 16 a alquiler (13 en 2017, 8 en 2016) y 7 ocupaciones ilegales de familias necesitadas (3 en 2017, 4 en 2016).
En el caso del desahucio hipotecario, se consiguió paralizar la ejecución en todos los casos excepto 1 (el banco no quiso negociar): 3 se convirtieron en alquiler social y en 4 se ha hecho una suspensión provisional.
La totalidad de los 16 desahucios por alquiler se ha conseguido evitar con diferentes opciones: suspensión provisional, ayudas o acuerdo con los propietarios.
En cuanto a las 7 ocupaciones (sólo se tramitan las que se hacen por necesidad, nunca las delictivas), se ha solucionado mediante ayudas como la tramitación de la Renta Valenciana de Inclusión o las viviendas sociales.
Nuevo servicio de asesoramiento
El edil de Responsabilidad Social ha anunciado que el Servicio de Mediación Hipotecaria también asesorará los consumidores sobre los trámites de reclamación en caso de que el Tribunal Supremo confirme la sentencia que obliga a las entidades bancarias a hacerse cargo de los gastos por la formalización de la hipoteca. “El gasto más importante se produce a la hora de formalizar la hipoteca y, por lo tanto, tendrá mayor repercusión que las cláusulas suelo”, ha asegurado Cabrera.