La nueva ley de menores que publicó la Generalitat Valenciana el mes de diciembre de 2018 asigna la competencia de la actuación en menores en situación de riesgo a las entidades locales. El objeto de esta ley es el reconocimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia y el principio de corresponsabilidad de toda la sociedad, las administraciones públicas y las familias en su protección.

La ley pretende establecer un marco de apoyo en el cual se trabaje desde todas las esferas por la equidad en el acceso a sus derechos, la igualdad de oportunidades y la lucha contra la transmisión intergeneracional del empobrecimiento. Así mismo, esta ley supone darle un enfoque transversal a todo el que se relacione con el desarrollo de la infancia, atendiendo la diversidad de cada niña, niño y adolescente, teniendo en cuenta la coeducación inclusiva, emocional y social, y garantizando la igualdad de trato y la no-discriminación por cualquier motivo.

El propósito de esta ley es, en suma, fomentar de forma activa los derechos de la Convención de los derechos del niño, fin que cuenta con un amplio apoyo político y social, como pose de manifiesto el Pacto por la infancia, al cual han apoyado la totalidad de los grupos políticos representados en las Cortes, con el impulso de la sociedad civil organizada.

La ley establece un deber de colaboración para todas las personas profesionales, las entidades públicas y privadas y, de manera general, cualquier persona, tienen que facilitar a la entidad pública competente los informes y antecedentes sobre las personas protegidas o sobre sus personas progenitoras, tutoras, guardadoras o acogedoras que esta entidad los requiera para ser necesaria para valorar la situación de desprotección o ejercer la acción protectora.

Esta ley especifica, con más detalle que la precedente, las competencias que corresponden a cada administración, y establece mecanismos de coordinación, puesto que la diversidad de agentes sociales y departamentos que intervienen en la protección y la promoción de los derechos de la infancia puede provocar disfunciones, si no se delimitan bien las competencias y se prevén mecanismos que  aseguran la coherencia de la actuación.