Las cuentas entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Gandia han abierto un nuevo frente político tras las discrepancias sobre el volumen real de la deuda y las inversiones ejecutadas en la ciudad, una polémica en la que se manejan cifras que oscilan entre los 2,7 y los 10 millones de euros en función de la interpretación de los distintos actores.
Desde el Partido Popular, su portavoz municipal, Víctor Soler, ha situado en cerca de 19 millones de euros la inversión autonómica en Gandia durante 2025 y ha negado la existencia de una deuda de 10 millones. “Es absolutamente falso que la Generalitat deba 10 millones de euros al Ayuntamiento de Gandia”, ha afirmado.
Soler ha defendido que el importe pendiente real sería de 2.706.293,52 euros, una cantidad que, según ha explicado, responde a ajustes administrativos habituales. “La deuda real asciende a 2.706.293,52 euros, correspondiente a cuestiones pendientes de regularización, algo habitual en la relación financiera entre administraciones”, ha señalado, insistiendo en reclamar su abono.
El dirigente popular también ha advertido de posibles consecuencias derivadas de los retrasos en la ejecución de proyectos municipales, apuntando al Gandia Arena como ejemplo. “El incumplimiento reiterado de los plazos de ejecución por parte del gobierno socialista de Prieto ha llevado a Gandia a estar a punto de perder una subvención de 3,2 millones de euros”, ha indicado.
Sin embargo, desde el área municipal de Hacienda, el concejal Salvador Gregori ha ofrecido una visión distinta de la situación, asegurando que las cifras del PP no se ajustan a la realidad contable. “Los números son muy claros y la realidad es contundente”, ha sostenido.
Gregori ha explicado que existen 4,3 millones de euros pendientes de cobro ya registrados, junto a 2,3 millones abonados por el Ayuntamiento que todavía no han sido contabilizados por la administración autonómica, lo que suma 6,4 millones de euros. A ello ha añadido otros compromisos, como el relativo al campanario de la colegiata, que elevarían el total hasta los 10 millones.
“En total, el importe asciende a 6,4 millones de euros entre lo contabilizado y lo pendiente de contabilizar”, ha detallado el responsable de Hacienda, quien ha acusado al representante popular de “mezclar conceptos” al incluir partidas que, según ha afirmado, no corresponden a la misma categoría contable.