Le llaman “prioridad nacional” porque decir “xenofobia con corbata” resultaba demasiado explícito. La política tiene esa habilidad miserable para disfrazar de tecnicismo lo que en realidad es una forma de desprecio. Cambian las palabras, pulen el envoltorio, afinan el tono institucional y esperan que nadie repare en la trampa. Pero la trampa sigue ahí. Solo que ahora viene redactada con apariencia de sensatez.
Vox no quiere reconocer como iguales ni siquiera a quienes ya son españoles si no encajan en su idea de país. Por eso necesita inventarse otra palabra. “Arraigo”. Suena técnica. Suena razonable. Suena incluso responsable. Como si no estuviéramos hablando de una jerarquía humana, sino de un criterio de gestión. Como si no se tratara de señalar a quien llegó después, sino de ordenar recursos con cabeza. Y ahí está el truco: convertir la discriminación en procedimiento, y el prejuicio en baremo.
Porque cuando uno rasca un poco, lo que aparece no es una defensa de la justicia social, sino una forma de decidir quién merece menos. Ya no importa solo la necesidad. Ya no basta con trabajar, cotizar, empezar de nuevo o haber conseguido incluso la nacionalidad española. Si no eres de “los suyos”, vas detrás. Así de crudo. Así de limpio. Así de indecente.
Lo inquietante, en realidad, no es Vox. De Vox se esperaba exactamente esto. Lo verdaderamente triste es ver al Partido Popular tragándose ese marco para poder gobernar y después esforzándose en venderlo como sensatez administrativa. Ahí está la parte más obscena del asunto: no solo aceptar el lenguaje del extremismo, sino maquillarlo con gesto de buena gestión. Como si cambiarle el nombre a una injusticia la hiciera menos injusta.
Feijóo debería pensarlo dos veces. Gallego. De una tierra que sabe perfectamente lo que fue marcharse. De una tierra que conoce la maleta hecha con prisa, la despedida incómoda, el océano como única salida y la dignidad buscada lejos de casa. Galicia no necesita que le expliquen lo que significa emigrar. Lo lleva escrito en su memoria familiar.
Mi madrina fue una de esas personas. Emigró a Venezuela, como tantas otras, porque aquí no siempre hubo sitio, ni futuro, ni pan. ¿De verdad alguien puede mirar esa historia sin estremecerse y aceptar ahora que se levanten criterios de “prioridad” contra quienes llegan buscando exactamente lo mismo que buscaron los nuestros? ¿Os imagináis que al desembarcar les hubieran dicho que esperaran, que primero iban los de allí, que ellos no tenían suficiente arraigo, que su necesidad valía menos porque acababan de llegar?
Eso no es proteger a los tuyos. Eso es olvidar de dónde vienes. Y cuando una sociedad olvida su propia memoria migrante, empieza a parecerse demasiado a aquello que juraba no repetir jamás.
Luego está la otra hipocresía, quizá la más sucia de todas. Porque muchos de los que más señalan al extranjero desde la tribuna, desde la barra o desde la sobremesa, sostienen su comodidad cotidiana sobre el trabajo invisible de personas migrantes. Mujeres que limpian casas, cuidan mayores, sostienen rutinas ajenas y tapan carencias del sistema por salarios indecentes, muchas veces en la sombra, muchas veces sin derechos, muchas veces sin papeles. Les molestan mucho los de fuera hasta que esos de fuera les resuelven la vida.
Y en Valencia haríamos bien en no leer todo esto como una extravagancia ajena, como si ocurriera lejos y aquí estuviéramos a salvo de ese lenguaje. Las peores ideas nunca llegan anunciándose como lo que son. Llegan vestidas de sentido común, de gestión, de orden, de protección de los de casa. Llegan con palabras aparentemente limpias para ensuciar por dentro la convivencia. Luego, cuando uno quiere darse cuenta, ya le han puesto nombre decente a la desigualdad.
Por eso conviene mirar lo que ocurre en Extremadura no como una rareza aislada, sino como un aviso. Porque cuando la extrema derecha consigue imponer su vocabulario, no tarda en intentar imponer también su jerarquía moral. Y ahí siempre aparece alguien dispuesto a tragárselo todo con tal de conservar el poder y llamarlo moderación.
No quieren un país con orden. Quieren un país con jerarquías humanas. Un país donde la dignidad no sea igual para todos, donde el derecho dependa del origen, del apellido, del tiempo que llevas pisando una tierra o del acento con que pides ayuda. Y cuando una democracia empieza a deslizarse por ahí, lo que está en juego ya no es una prestación, ni una vivienda, ni una ayuda pública. Lo que está en juego es algo bastante más serio: la idea misma de igualdad.
Porque el problema nunca empieza con una gran barbaridad dicha a gritos. Empieza casi siempre con un término aparentemente razonable, con una fórmula administrativa, con una palabra diseñada para no escandalizar demasiado. Así es como la exclusión intenta entrar por la puerta principal: bien peinada, bien redactada y con aspecto de sentido común.
Pero no. No es sentido común. Es descarte.
Y el descarte, cuando se institucionaliza, deja de ser una opinión para convertirse en una forma de degradar la convivencia.
Escribo para no olvidarme de quién soy. Si te sirve también a ti, ya compensa. 🧡
Iñaki Léonard
Un gallego “arraigado” en la Comunidad Valenciana