Ser joven siempre ha implicado cambios, forma parte de la propia etapa vital. Sin embargo, en los últimos años hay un elemento diferencial y es que la incertidumbre ha dejado de ser una fase para convertirse en una constante que condiciona decisiones cotidianas.
Hoy, para muchos jóvenes, la vida no se construye sobre certezas, sino sobre equilibrios frágiles. Estudiar no garantiza una vida resuelta y, aunque en los últimos años se han producido avances, la situación sigue siendo mejorable.
Esa sensación de ir siempre un paso por detrás se repite de forma constante. Se manifiesta en el acceso a la vivienda, en la dificultad para ahorrar o en la inestabilidad a la hora de iniciar un proyecto de vida, y también se traslada al ámbito político. De hecho, apenas un 15% de la juventud, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, considera que su voz tiene un peso real en la toma de decisiones, lo que contribuye a explicar el desencanto de los jóvenes con la política.
En este contexto, se consolida una percepción cada vez más extendida de no ser tomados en serio por el simple hecho de ser jóvenes. En muchos espacios, la juventud continúa ocupando un papel secundario, con una participación más simbólica que efectiva. Empoderar a los jóvenes no consiste solo en facilitar su acceso, sino en garantizar que su voz tenga una capacidad real de incidencia.
Las consecuencias se acumulan con el tiempo. La emancipación se retrasa, los proyectos vitales se posponen y se consolida una forma de vida marcada por la provisionalidad. En España, la edad media de salida del hogar familiar supera los 30 años y únicamente una minoría logra independizarse totalmente, tal como recoge el Consejo de la Juventud de España. No responde a una decisión voluntaria, sino a la necesidad de adaptarse a unas condiciones que no siempre acompañan.
En los últimos años, es justo reconocer que esta realidad ha ido ganando presencia en la agenda pública. El Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado medidas que han mejorado algunos indicadores, especialmente en el ámbito laboral, y ha contribuido a situar la emancipación juvenil en el centro del debate. En territorio valenciano, durante la etapa del Botànic, se impulsaron políticas orientadas a reforzar el acceso a la vivienda, ampliar el parque público y garantizar el transporte público gratuito para jóvenes, haciendo un esfuerzo evidente para solucionar el problema.
A escala local, ciudades como Gandia, bajo el gobierno de José Manuel Prieto, han comenzado a incorporar esta realidad en la acción pública de forma más patente. En este contexto, se han impulsado iniciativas que combinan la recuperación de espacios para la juventud, como la próxima transformación de les Alqueries de les Foies en albergue público, con la creación de nuevas infraestructuras de ocio urbano como el skatepark bowl y el desarrollo de programas centrados en la salud mental y el bienestar emocional, como Parlem o Encaixem.
Paralelamente, se han reforzado las herramientas de acompañamiento en la transición hacia el empleo mediante Urbalab, al tiempo que se han generado espacios de conexión entre jóvenes y empresas. Este planteamiento se completa con programas como Activa Jove, la celebración del Fòrum Jove de Gandia y el refuerzo de la red de corresponsales juveniles, junto con eventos como la Fira de l’Estudiant. Muchas de estas políticas, pese a no ser competencia directa del consistorio, responden a la voluntad de actuar ante la falta de respuesta de la Generalitat Valenciana de Pérez Llorca.
Durante mucho tiempo se ha confiado en dejar en manos del mercado la corrección de estos desequilibrios. Sin embargo, la experiencia demuestra que esa expectativa no se ha cumplido y que, en muchos casos, ha contribuido a agravar las diferencias. Un ejemplo ilustrativo fueron las políticas aplicadas durante el gobierno de Mariano Rajoy, caracterizadas por intensos recortes del gasto público y reformas del mercado laboral, como la de 2012, que facilitó el despido y redujo los costes laborales, generando una fuerte contestación social, con dos huelgas generales ese mismo año. Lejos de resolver los problemas, estas medidas acentuaron la precariedad. Y es que, históricamente, el Partido Popular nunca ha ofrecido respuestas eficaces a un problema que exige soluciones razonadas.
Hablar de juventud hoy implica abordar una cuestión de igualdad real de oportunidades y de cohesión social. Supone asumir que garantizar unas condiciones de vida dignas no puede depender únicamente del punto de partida de cada uno, sino de un marco colectivo que haga posible desarrollar un proyecto vital a cualquiera que lo desee.
En el fondo, la cuestión remite al contrato entre generaciones y a la capacidad de una sociedad para ofrecer a sus jóvenes unas condiciones dignas. Cuando eso no ocurre, no solo se limita el recorrido individual de una persona, sino que se compromete también el de toda una generación.
Héctor Giner González
Secretario General de Joves Socialistes de Gandia