2021 y, sobre todo, 2022 será el tiempo de la recuperación. Las autoridades no cesan de repetirlo. Recuperación económica pero también social y anímica. Sin embargo, y al igual que la pandemia se está prolongando en el tiempo, también a la economía le está costando levantar cabeza. Según las cifras publicadas por el SERVEF, el paro registrado en el mes de septiembre en la Safor se ha situado en 15.427 personas, es decir, 304 parados más que en agosto (2,01%).
Sin embargo, la situación sí es algo mejor que hace justo un año, cuando el desempleo era un 2,5% superior, es decir, había 403 personas más sin trabajo. Ese mes se firmaron 5.582 contratos (un 6’12% de incremento interanual), de los cuales un 88% fueron de carácter temporal, siguiendo la tendencia habitual de la zona y del final de la temporada estival.
Estos últimos datos del paro reflejan la necesidad de consolidar la mejoría en la actividad económica, en consonancia con el aumento de la población vacunada y la atenuación del número de contagios por la COVID-19, y “trasladarla mucho más eficazmente al empleo”, cuya recuperación en términos interanuales no alcanza la intensidad necesaria para borrar el impacto de la crisis.
Así lo confirmaba Raül Roselló, secretario general comarcal de UGT-PV: “El comportamiento del mercado laboral comarcal tiende a los patrones de estacionalidad lamentablemente habituales, aunque con unas cifras de desempleo todavía inaceptables y una incertidumbre que no se ha disipado”. Roselló insta que “el Gobierno a actuar de forma urgente, pensando en las personas trabajadoras, reflejando que la salida de la crisis, efectivamente, se asentará sobre bases más equilibradas y justas tanto económica como socialmente. No hay que olvidar que, si queremos conseguir un crecimiento económico inclusivo y sostenible, a largo plazo, éste debe basarse ineludiblemente en la generación de empleo de calidad; y ello exige la derogación de una vez por todas de la reforma laboral de 2012”.
UGT considera necesario que los nuevos Presupuestos Generales del Estado, que se encuentran en plena negociación, incluyan una mejora en la dotación de recursos del Servicio Público de Empleo, mermados tras años y años de recortes, y contar con un impulso decidido a las Políticas Activas de Empleo, necesarias para acabar con las altas cifras de paro, especialmente de larga duración, y con la precariedad que, de manera estructural, reinan en el mercado laboral.
Igualmente, Roselló señala que “se debe impulsar proyectos que beneficien al conjunto de la población, incentivando la necesaria transformación del tejido productivo hacia un modelo que permita generar empleo de calidad, con salarios dignos y contratos estables, a la vez que luchar contra los retos tecnológicos y medioambientales a los que nos enfrentamos como sociedad”.