El Partido Popular de Gandia sigue presentando sus propuestas de cara a las elecciones de 2023. Esta vez ha anunciado sus medidas en materia de Participación ciudadana. Juan Carlos Moragues ha mostrado, junto a Andrés Puig, las que serán las iniciativas más importantes en la línea de “conseguir que Gandia la Participación ciudadana pase a ser al fin real y efectiva, frente a un modelo socialista que sólo usa la Participación ciudadana en el discurso, pero no la aplica en beneficio de los vecinos”, ha afirmado Moragues.

Andrés Puig ha reivindicado la figura del Defensor del ciudadano en Gandia, recordando que “es una figura que no ha existido en la presente legislatura, por lo que durante los últimos cuatro años los vecinos de Gandia no han tenido una figura que les represente ante posibles problemas o conflictos que hayan tenido con la administración”. Ante esto, Moragues ha mostrado su compromiso de que, “recuperaremos la figura del Defensor del ciutadà cuando entremos en el gobierno”, reconociendo que “esta debe ser una persona imparcial y de consenso, para que esté centrada únicamente en la defensa de los intereses de los vecinos de Gandia”.

Otra de las medidas anunciadas ha sido la renovación de la Carta de Participación ciudadana. “La actual data del año 2003, por lo que está completamente obsoleta y no contempla realidades actuales de nuestra sociedad, como es el uso de Internet o las Redes Sociales, algo que no es lógico ni admisible”.

Además, reclaman “que los vecinos sean consultados para las acciones importantes en sus calles o barrio, porque no hay derecho a que se ejecuten obras de calado como la peatonalización de la Avinguda de la Pau o de la primera línea de playa, sin que los vecinos, que son los afectados, sean consultados en ningún momento”.

Los servicios de Participación ciudadana contarán también a partir de la próxima legislatura con la figura del servicio de mediación, el cual “buscará evitar que muchos conflictos acaben en los tribunales gracias a una figura que tratará de mediar para que las partes involucradas resuelvan sus posibles problemas evitando una llegada a la justicia que, en la mayoría de los casos, supondrá un sobrecoste para la ciudadanía, aumentando la saturación ya existente en los juzgados”.