El ‘Caso Ana Morell’ da un nuevo giro. El juzgado de lo contencioso-administrativo número 9 de Valencia da ahora la razón a la vicealcaldesa de Oliva (PSOE) en el litigio que le enfrenta al alcalde y su socio de gobierno, David González (Compromís), y algunos miembros del anterior gobierno municipal, a cuenta de una licencia de obras solicitada para una casa a nombre de su marido.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Gente de la Safor, anula el decreto del 8 de febrero de 2019 por el cual el alcalde retiró la licencia de obras concedida al marido de Morell, Juan Ramón Canet, en 2014. Considera que “no es ajustado a derecho” puesto que debería haber sido la Junta de Gobierno, y no el alcalde, quien resolviera el asunto. De esta manera, las obras realizadas en la vivienda de la familia, ubicada en el centro histórico de Oliva, vuelven a ser consideradas legales, a pesar de que esos trabajos concluyeron incluso antes de que González retirara la licencia en 2019.

Además de largo en el tiempo, el asunto es enrevesado y ha puesto en peligro en más de una ocasión el pacto de gobierno entre Compromís y PSPV. El Juzgado de Instrucción 1 de Gandia ya archivó hace unos meses sendas querellas relacionadas con el caso. Por un lado, la interpuesta por el marido de Ana Morell contra el alcalde por considerar que incurría en un delito de prevaricación al retirarle la licencia. El juez apreció entonces que el primer edil se basó en los informes jurídicos pertinentes. Tras ese varapalo, la familia Morell recurrió ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, que es el que ahora les da la razón.

Por otro, la misma sala rechazaba la denuncia interpuesta por una vecina contra la vicealcaldesa al inicio de las obras a la que acusaba de haber recibido los permisos por un supuesto tráfico de influencias. La sala argumentó que no había indicios de delito y que la licencia se había concedido siguiendo criterios técnicos.

ANTECEDENTES

La historia se remonta años atrás, a 2014, cuando la pareja de la vicealcaldesa solicitó permiso para realizar obras en una vivienda de su propiedad, que le fue concedido. Cinco años después, en 2019, y apenas unos meses antes de elecciones, el alcalde, David González, retiró dicha licencia al considerar que el permiso solicitado no se ajustaba a las obras realizadas después. Esto es, se concedió licencia de obras menores (y, por tanto de menor cuantía) cuando en realidad eran obras mayores, que además ya estaban ejecutadas y alteraban elementos protegidos por el Plan General de Ordenación Urbana. Concretamente, tal y como explicó González en su día, las mejoras realizadas aumentaron un 1.187% más de lo solicitado en la primera licencia de obras menores: pasó de los 5.500 euros a los 70.790.

Ese fue el principal motivo por el que el primer edil retiró entonces los permisos a través de un decreto (el que ahora deja sin efecto el tribunal), y que motivó la querella de Canet, apenas unas semanas antes de la elecciones de 2019. Acusaba al alcalde y otros tres ediles (el exconcejal de Urbanismo, Vicent Canet; la portavoz de Projecte Oliva, Yolanda Pastor; y el de Ciudadanos, Pepe Salazar, miembros del gobierno entre 2011-2015) de prevaricación al votar la retirada de un permiso de unas obras que ya estaban en marcha.

A pesar de ello, y mientras el asunto seguía los cauces judiciales, ambos candidatos firmaron finalmente, no sin dificultades, un pacto de gobierno al estilo del Botànic. Un pacto que ha estado marcado desde el inicio por esta querella. Ahora, esta nueva sentencia vuelve la situación al inicio, en 2014, y condena al Ayuntamiento de Oliva a pagar los costes del proceso judicial, aunque todavía puede presentarse un recurso de apelación.