Un edificio de la calle Magistrado Catalá, prácticamente nuevo pero que había quedado en desuso tras su paso por la Sareb, abrirá sus puertas en los próximos meses para acoger a cinco familias y jóvenes de la ciudad. Con alquileres muy por debajo de las cifras habituales, esta iniciativa municipal busca garantizar un techo a quienes el mercado libre ha ido dejando fuera.
Los pisos, que cuentan con unos 95 metros cuadrados de superficie —y más de 140 metros en el caso del ático—, saldrán al mercado tras unas limitadas obras de rehabilitación, con un plazo de disponibilidad estimado de entre seis y siete meses. El coste de estos arrendamientos oscilará entre los 439 y los 485 euros mensuales, llegando a los 563 euros para el ático. Sumando los gastos de comunidad y la tasa de basura, el importe total que abonarán las familias rondará entre los 500 y 580 euros.
Tal y como ha defendido el responsable de Vivienda del Ayuntamiento, Salvador Gregori, «la vivienda pública no puede estar a precios de mercado; tiene que ofrecer un coste razonable».
Esta medida busca fomentar la rotación y ofrecer una ayuda temporal, por lo que las adjudicaciones se formalizarán mediante contratos improrrogables de siete años. A la hora de seleccionar a los inquilinos, se aplicarán criterios que valoran realidades humanas y sociales: el número de hijos, la presencia de personas dependientes a cargo, el tiempo de residencia en la ciudad y la edad de los solicitantes, dando una clara prioridad a los jóvenes.
El choque político: la okupación, el Plan Vive y cruce de acusaciones
En paralelo a este anuncio, la gestión inmobiliaria sigue siendo un foco de alta tensión política en la ciudad. Desde el Partido Popular, su portavoz Víctor Soler ha advertido que la problemática de la vivienda viene ligada a la inseguridad, señalando que «prácticamente cada semana el Partido Popular recibe avisos de nuevos casos de okupación. Mensajes de vecinos desesperados y denuncias de comunidades que se sienten abandonadas por el gobierno socialista».
Los populares acusan al ejecutivo local de intentar sacar rédito del reciente desalojo en este mismo edificio de la calle Magistrado Catalá, asegurando que «el socialista Prieto, quien construyó 0 viviendas públicas en la época del gobierno de Ximo Puig en la Generalitat ahora se dedica a bloquear el Plan Vive» impulsado por la actual Generalitat. Según Soler, «hacer una política frentista sobre el principal problema de Gandia como es la vivienda demuestra que este gobierno está acabado».
La respuesta del gobierno de Gandia no se ha hecho esperar. El concejal Salvador Gregori ha reprochado la actitud de la oposición afirmando que «es triste que, de una buena noticia que ayudará a cinco familias a poder acceder a una vivienda, el PP intente aprovechar para continuar vendiendo su discurso catastrofista». Respecto a las acusaciones de estar torpedeando el Plan Vive, el edil ha contestado con firmeza sobre la gestión autonómica: «el portavoz del PP puede decir lo que quiera, las licencias están otorgadas y con el PP, tal como se ha podido comprobar, lo que tenemos son solares con cañas de 3 metros y una parcela donde se está construyendo a paso de caracol».