En los últimos días el gobierno de Gandia ha vuelto a sacar pecho con motivo de la obtención del 100% de los indicadores del sello Infoparticipa. Una distinción que, a juzgar por la campaña de celebración puesta en marcha, pretende presentarse como una prueba irrefutable de excelencia en transparencia.
El problema es que hace tiempo que este gobierno confunde transparencia con comunicación institucional. Cree que la transparencia consiste en colgar documentos en una página web, obtener sellos de calidad por cumplir una serie de indicadores y acumular titulares favorables.
Nada más lejos de la realidad.
Lo que este debate pone de manifiesto es la diferencia entre publicar información y hacerla accesible. El sello recibido reconoce, únicamente, que determinada información esté publicada. No evalúa si resulta comprensible, si es fácil de localizar o si permite a los ciudadanos entender realmente la actividad y las decisiones de su Ayuntamiento.
Basta una primera aproximación al Portal de Transparencia para comprobarlo. Encontrar un dato concreto se parece más a una búsqueda del tesoro que a un ejercicio de transparencia. Y una vez encontrado, todavía queda lo más difícil: entenderlo. Porque la verdadera transparencia no consiste en acumular documentos en una página web, sino en facilitar que cualquier ciudadano pueda encontrarlos, comprenderlos y utilizarlos sin necesidad de conocer previamente los entresijos de la administración.
Pero la cuestión no se limita a cómo se presenta la información o a la facilidad para acceder a ella. La transparencia se pone realmente a prueba cuando ciudadanos y representantes públicos solicitan información relevante para conocer y supervisar la actividad institucional.
Y en estos casos, pocas veces el choque entre el relato y la realidad había sido tan evidente.
Porque mientras el gobierno municipal se felicitaba por su supuesta transparencia ejemplar, un tribunal daba la razón a la oposición y concluía que se había vulnerado su derecho a acceder a una de las principales herramientas de control de la acción de gobierno municipal: el Libro de Decretos del Ayuntamiento, uno de los instrumentos más importantes que tiene la oposición para fiscalizar la gestión del alcalde y su equipo.
El Partido Popular solicitó el acceso por los cauces ordinarios durante años y la respuesta siempre fue la misma: no. El gobierno justificó esa negativa en supuestos problemas técnicos y de protección de datos. Sin embargo, la resolución judicial desmontó esos argumentos y concluyó que nada justificaba impedir a la oposición ejercer una función que forma parte de la esencia misma de la democracia local.
No se trata de un episodio aislado. La sentencia es simplemente el ejemplo más reciente de una serie de actuaciones que evidencian la distancia entre la transparencia que se proclama y la que realmente se practica.
La propia Ordenanza Municipal de Transparencia establece obligaciones muy concretas. Entre ellas, la publicación de la agenda institucional de los cargos públicos, así como la publicación de información económica y gastos sufragados con recursos públicos, precisamente para garantizar que la ciudadanía pueda conocer, verificar y fiscalizar la actividad de quienes gobiernan.
Y es precisamente ahí donde el relato del gobierno vuelve a entrar en contradicción con la realidad.
Tras cientos de solicitudes de información y años de labor de fiscalización, la oposición ha constatado que, mientras la agenda pública situaba al alcalde en centros de convivencia, reuniones o actos institucionales, las facturas reflejaban comidas en restaurantes que no aparecían en esa agenda, algunas de ellas celebradas incluso fuera de la ciudad. Una cuestión que requeriría más de una explicación por parte del alcalde socialista, al haber incumplido clamorosamente una de las exigencias más básicas de transparencia.
Desde la oposición se han pedido explicaciones, incluso en sesión plenaria. El alcalde aseguró que justificaría cada una de estas facturas, pero los meses pasan y esas explicaciones siguen sin llegar. Mucha prisa para colgarse medallas de transparencia y muy poca para aclarar las realidades que la ponen en cuestión.
Pero la incoherencia de este gobierno no termina ahí. Existe otro ejemplo especialmente revelador.
El alcalde informó en sus redes sociales de un viaje a Madrid que no figuraba en su agenda pública. Parece que, para conocer la actividad institucional del máximo responsable municipal, resulta más eficaz seguir su Instagram que consultar el Portal de Transparencia. Y quizá ahí resida una de las grandes contradicciones del gobierno del socialista José Manuel Prieto: tan preocupado por grabarlo todo, fotografiarlo todo y difundirlo todo, que acaba siendo su propia maquinaria de propaganda la que deja al descubierto lo que no aparece en los canales oficiales de transparencia.
Y esa es precisamente la cuestión de fondo. Si para conocer la actividad institucional del alcalde y de su gobierno resulta más útil consultar las denuncias de la oposición, las sentencias judiciales o incluso sus propias redes sociales que acudir a los canales oficiales de transparencia del Ayuntamiento, quizá haya motivos para celebrar menos y explicar más.
Porque la transparencia no consiste en aparentar que se rinden cuentas. Consiste en rendirlas de verdad. Y, a día de hoy, existe un abismo entre la transparencia que proclama el gobierno socialista de Gandia y la que realmente practica.
Y, siendo justos, si hay un ámbito en el que este gobierno ha demostrado una auténtica excelencia es en la puesta en escena; en el arte de construir una perfecta transparencia de escaparate.
ROSABEL BORRULL
CONCEJALA DEL PP DE GANDIA