Arturo Torró ha presentado una querella contra la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, a quien acusa de prevaricación y malversación de caudales públicos en la liquidación y cierre de la empresa municipal Iniciatives Públiques de Gandia en 2016. Torró, que fue alcalde por el Partido Popular durante la legislatura de 2011-2015, ha convocado esta mañana una rueda de prensa para anunciar que ya ha presentado ante los juzgados de Gandia la denuncia, en la que incluye también a toda la Junta de Gobierno local de la anterior legislatura, a los miembros del Consejo de Administración de IPG, a los liquidadores nombrados para el proceso de cierre así como al interventor municipal.

El exalcalde popular asegura haber pasado dos años recabando datos e información que ahora ha presentado a la espera de que el juez admita a trámite su querella, argumentando irregularidades en el proceso, como la no presentación de las cuentas de la entidad o el inventario de bienes. Pero “resulta paradójico que la presente seis años después de que ocurrieran los hechos, lo que demuestra una acción a la desesperada para desviar la atención del calvario judicial que se le viene encima”, afirma el portavoz del gobierno, Vicent Mascarell.

Hace casi 15 años años nacía Iniciatives Públiques de Gandia durante el gobierno del socialista José Manuel Orengo, la matriz de tres empresas públicas creadas con una triple finalidad: hacer accesible la vivienda en el momento de mayor vigencia de la burbuja inmobiliaria; promover la actividad del deporte; y, por último, introducir al sector turístico en el sistema productivo de la ciudad para gestionar uno de los motores económicos más importantes de Gandia: el Turismo.

Sin embargo, su actividad estuvo poco después marcada por la opacidad, mala gestión y deuda, especialmente, como se ha demostrado después, durante el gobierno de los populares. Destacan, por ejemplo, los pagos realizados a empresas privadas por parte del PP cuando estaba en el gobierno, como los investigados en la Trama Púnica para la promoción y posicionamiento en internet del propio Arturo Torró y que ahora se investigan en la Audiencia Nacional. El actual coportavoz del gobierno local, Jose Manuel Prieto, ya recordó en 2019 que durante la legislatura del gobierno del PP, entre el Ayuntamiento y solo dos años de la contabilidad de IPG, los populares gastaron más de 7 millones en propaganda y medios de comunicación. 

En ese sentido, hace justo ahora un año el Tribunal de Cuentas acordaba el embargo de bienes y derechos al exalcalde de Gandia y dos de sus colaboradores, Javier Reig y Gonzalo Morant, al no reintegrar los 550.000 euros que le había impuesto como sanción tras declararles responsables de posibles pagos irregulares cuando estaban en el gobierno. La entidad de control del sector público emitió una providencia en el mes de diciembre, que posteriormente ratificó el 16 de enero de 2020, en la que les instaba a devolver, en concepto de responsables directos, la cantidad de 480.000 euros por los pagos que realizaron durante su legislatura desde Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) a una mercantil, Comarques Centrals Televisió S.L. A esa suma añadía 70.045,56 euros por los intereses de demora generados.

El nuevo gobierno encabezado por la socialista Diana Morant se marcó en 2015 como uno de los principales objetivos de aquella legislatura la puesta al día de todos los asuntos relacionados con la empresa pública para proceder a su liquidación y cierre definitivo a finales de diciembre de 2017. El ayuntamiento firmó entonces la escritura de cesión global de activos y pasivos de IPG al Ayuntamiento, socio único de la entidad, como paso previo a la extinción definitiva. A esta escritura le acompañan un estado actualizado de las cuentas y un inventario de propiedades, aspectos que ahora Torró asegura que no se entregaron. Desde ese momento, el Ayuntamiento asumió los bienes que le restaban a la empresa pública, los trabajadores y la deuda que quedaba por pagar, unos 6,5 millones de euros.

El actual ejecutivo local ve en esta maniobra “desesperada” una cortina de humo con la que el exalcalde intenta desviar la atención ante el “calvario judicial” que se le viene en las próximas semanas. Entre otras, Torró se enfrenta a penas de prisión por su gestión al frente del Consistorio y a una acción de responsabilidad social de más de 7 millones de euros. Es en ese marco en el que se presenta esta denuncia “en la que no sólo pretende imputar a miembros del actual gobierno, sino que paradójicamente también imputa a concejales del PP”, destaca Vicent Mascarell. De hecho, el actual portavoz de Economía, Daniel Martí, quien entonces era liquidador de IPG por parte de Ciudadanos, se vería también inmerso en esa supuesta denuncia. “Torró debería asumir su papel como ciudadano y exalcalde y deje de intentar manchar el buen nombre de la ciudad”, concluye el concejal socialista.