torro

ddd

Hace ahora un año, concretamente, el pasado 3 de marzo de 2020, el Tribunal de Cuentas acordaba el embargo de bienes y derechos al exalcalde de Gandia, Arturo Torró, y dos de sus colaboradores, Javier Reig y Gonzalo Morant, al haber expirado el plazo para reintegrar los 550.000 euros que le había impuesto como sanción al encontrarles responsables de posibles pagos irregulares cuando estaban en el gobierno. La entidad de control del sector público emitió una providencia en el mes de diciembre, que posteriormente ratificó el 16 de enero, en la que les instaba a devolver, en concepto de responsables directos, la cantidad de 480.000 euros por los pagos que realizaron durante la legislatura del Partido Popular desde Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) a una mercantil, Comarques Centrals Televisió S.L. A esa suma añadía 70.045,56 euros por los intereses de demora generados.

En aquel auto, el Tribunal ponía en duda la gestión que realizaron del dinero público y les obligaba a restituir los fondos a la administración pública al considerar que se había cometido un delito de alcance contable. A todos ellos, el órgano les instaba a que reintegraran, depositaran o afianzaran las cantidades establecidas en el plazo de diez días, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de proceder al embargo de sus bienes.

Concretamente, las cantidades que reclama a cada uno de ellos son las siguientes:

– Francisco Javier Reig Garrigues y Gonzalo José Morant Mayor, como presuntos responsables directo y solidario por la cuantía total de 233.183,33 euros (200.000 euros más los intereses).

– Gonzalo José Morant Mayor, también como presunto responsable directo por  importe de 93.406,67 euros (80.000 más intereses).

– Arturo Torró Chisvert como presunto responsable directo por importe de 223.455,56 euros (200.000 de principal más los intereses).

Los hechos reflejados en la denuncia revelaban que Arturo Torró Chisvert, aprovechándose de su condición de alcalde de Gandia, “promovió una serie de actos administrativos irregulares” sirviéndose de la empresa municipal IPG con el fin de “desviar dinero público en beneficio propio y del entramado empresarial creado por el denunciado y personas allegadas de su confianza”.

CIERRE DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA

El denunciante afirmó que tras cerrar la televisión pública de Gandia, adjudicó directamente (sin publicidad ni concurrencia) a una empresa de su pertenencia, Inversiones Especiales del Mediterráneo S.L., un contrato de 1,7 millones para la realización de programas televisivos. Previamente, el contrató se suscribió también con Comarques Centrals Televisió S.L., cuyas funciones acabó ejerciendo la primera empresa.

IPG acabó asumiendo, improcedentemente según las diligencias previas de la Sala, las consecuencias económicas derivadas de la cesión entre ambas mercantiles. Esto es, tras resolver el contrato con Comarques Centrals Televisió, la empresa pública cargó a las arcas municipales una obligación de pago de 500.000 euros como compensación. IPG abonó 480.000 euros, tal y como confirmaba el escrito: «… a pesar de no haber asumido Comarques Centrals Televisió S.L. la realización de dicho contrato, por haberlo cedido a otra mercantil con carácter previo, recibió de IPG la cantidad de 480.000 euros sin que conste contraprestación alguna a su cargo«. Apunta que fue un «pago injustificado» repartido en varias cantidades entre 2013 y 2014. El Tribunal de Cuentas estimó entonces que hubo un perjuicio a las arcas municipales y por ello acuerdó requerir la cantidad total de 550.045,56 euros.

Años después, la gestión de la empresa pública sigue dando de qué hablar. Hace apenas unos días era el propio Torró el que anunciaba que había presentado una querella contra la actual alcaldesa de Gandia, la socialista Diana Morant, por presuntas irregularidades en la liquidación y cierre de IPG.

Y no sólo eso. El pasado 22 de febrero, el actual líder del PP de Gandia, Víctor Soler, declaraba en la Audiencia Nacional como investigado por su presunta relación con la trama Púnica. El juez le atribuye delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias y prevaricación, entre otros. Y también en este caso, con supuestos pagos irregulares a través de Iniciatives Públiques para beneficio exclusivo del exalcalde.