‘Salvem les platges del sud de Gandia’ alega contra el nuevo reglamento de la Ley de Costas

El futuro del litoral valenciano y, por extensión, el de la Safor, vuelve a estar encima de la mesa. El Ministerio para la Transición Ecológica prepara una modificación del Reglamento de la Ley de Costas que ha levantado ampollas entre diferentes colectivos que durante años han denunciado las afecciones que sufre determinadas zonas costeras y que no reciben solución. A la cabeza de las protestas se encuentra ‘Mediterrània’, una asociación que integra a más de una decena de agrupaciones en defensa del litoral valenciano frente a lo que consideran “construcciones invasivas” como puertos y espigones. Y están alegando en masa por ello.

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En la comarca, ese movimiento lo representa el colectivo ‘Salvem les platges al sud de Gandia’ que reclama una solución definitiva a la regresión de la costa y la pérdida constante de arena. Por ello, han presentado observaciones a dicha modificación. Según explican, la propuesta del nuevo Reglamento no recoge la erosión que las infraestructuras portuarias provocan en la costa, al retener los áridos que de forma natural deberían equilibrar la alimentación natural de las playas. Especialmente, las localizadas al sur de dichas construcciones, como es el caso de municipios como Daimús, Bellreguard, Miramar o Piles.

 

 

Afirman que las modificaciones que pretenden contravienen las directrices marcadas por el Parlamento Europeo, la UNESCO y los derechos recogidos en los art. 45 y 46 de la Constitución sobre la defensa, conservación del Patrimonio Territorial y el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado. “En caso de aprobarse este nuevo Reglamento, permitiría de oficio al Estado expropiar el Patrimonio Territorial de cada pueblo para destruirlo o convertirlo en concesiones a coste cero, incumpliendo los tratados internacionales de la Comunidad Europea. Los paseos marítimos, calles e infraestructuras de los ayuntamientos y viviendas particulares, hasta en algunos casos en 1ª, 2ª y 3ª línea, podrían pasar a ser propiedad del Estado sin indemnización económica a sus propietarios”, explica Javier Cremades, miembro de ‘Salvem les platges’.

 

 

En su escrito presentado al Ministerio, piden que se aplique la Ley de Responsabilidad Medioambiental a las infraestructuras del Estado “para que arreglen el problema de erosión que generan los embalses, puertos, espigones y el déficit de inversión, antes de intentar culpar y castigar a los que habitan en el litoral, que son los que padecen el daño medioambiental provocado por esas infraestructuras”.

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El senador de Compromís Carles Mulet también ha presentado ante la Cámara en reiteradas ocasiones preguntas sobre las actuaciones previstas en las zonas costeras más afectadas. Precisamente ahora ha recibido respuesta, de la que se hacía eco el exalcalde de Bellreguard, Àlex Ruiz, quien ha reclamado también en numerosas ocasiones medidas correctivas eficaces más allá de las periódicas reposiciones de arena al inicio de la temporada estival.

 

 

En la respuesta remitida a Mulet, el Ministerio de Transición Ecológica apunta la posibilidad de aplicar una transferencia de competencias de Costas a la Generalitat, que estaría supeditada a una reforma del Estatut de Autonomía. Una iniciativa que sí se llevó a cabo en la década de 2000 en otras comunidades litorales, pero no así en la valenciana. Se asumirían así nuevas funciones relacionadas con la gestión del dominio público marítimo-terrestre. “Lo dejan claro, si se reforma l’Estatut con este punto, no tienen ningún impedimento en las transferencias de las competencias. Si todas las fuerzas políticas democráticas tenemos claro que Costas gestiona mal y a nivel autonómico lo haremos con más sensibilidad, tocaría impulsar estar reforma para asumir las competencias”.

 

 

Para Mulet, “la situación de Costas es semejante al de las tres confederaciones hidrográficas que afectan al territorio valenciano, o Renfe; no invierten en lo que necesitamos, y son generadoras de problemas cuando los ayuntamientos quieren actuar ante su desidia. No mantienen los cauces de ríos o barrancos limpios y si un ayuntamiento quiere actuar, le caen sanciones”.

 

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