El gobierno socialista en los últimos años garantizaba la igualdad de oportunidades y los servicios básicos en materia de sanidad, educación, vivienda y pensiones, aplicando impuestos progresivos para redistribuir riqueza. Ahora con sus nuevos socios de SUMAR el gobierno se ha radicalizado con una mayor intervención, con más control público en sectores estratégicos energía, vivienda, transporte y una regulación excesiva del mercado del alquiler y protección del inquilino. El comunismo ha demostrado una vez más ser mucho más peligroso que el socialismo.
El reciente decreto del Gobierno para prorrogar los contratos de alquiler, presentado como un escudo social frente a la escalada de precios, no era más que otro parche que, lejos de resolver el problema, contribuía a agravarlo.
Estas nuevas medidas populistas de intervención van contra la constitución española que garantiza el derecho a la propiedad privada. Han incluido de manera irresponsable la criminalización de los propietarios. Han conseguido destruir la relación de cordialidad que hasta ahora existía entre pequeños propietarios e inquilinos. Ahora el gobierno parece empeñado en confrontar propietarios e inquilinos creando una relación de miedo y desconfianza para las dos partes. Intervenir los contratos privados de forma reiterada erosiona la seguridad jurídica y desincentiva la oferta. Es decir, exactamente lo contrario de lo que se pretende.
Los propietarios temen que puedan declararse insolventes y vulnerables y ocupar la propiedad de manera indefinida incluso aunque no cumplan con su obligación del pago de la renta de alquiler. Es decir el gobierno actual ha transformado tanto a propietarios como a inquilinos en víctimas de un sistema fallido.
Porque el gobierno ha confundido ayudar a los inquilinos con intervenir la propiedad privada eliminando cualquier garantía para los propietarios y el sistema que tenía un equilibrio ha entrado en una espiral desconcertante en la que ni propietarios ni inquilinos saben qué hacer ni cómo hacerlo para no entrar en conflictos futuros.
Alguien debe explicar a los políticos de la izquierda radical que los pequeños propietarios no somos ricos, simplemente con mucha ilusión y esfuerzo hemos adquirido una segunda vivienda para pasar nuestras las vacaciones o pensando en nuestros hijos.
Los pequeños propietarios necesitamos alquilar nuestra vivienda para pagar la hipoteca que ha subido un 50% desde la guerra de Ucrania y necesitamos repercutir a los inquilinos el precio del alquiler. Porque ¿quién ayuda a los propietarios a pagar ese incremento?
Si el gobierno quiere o necesita intervenir los alquileres para ayudar a las familias más necesitadas pueden hacerlo con los grandes tenedores, con los supuestos ricos que se dedican profesionalmente al alquiler.
Si el gobierno quiere implementar una nueva normativa coherente, debe crear una partida presupuestaria para que los inquilinos paguen menos sin que los propietarios pierdan, pero no puede obligar a los propietarios a que paguen la rebaja. Igual que el precio de la gasolina ha bajado porque está subvencionado por el gobierno no por los dueños de las gasolineras. El Gobierno muestra falta de coherencia. Se invoca el derecho a la vivienda mientras se desincentiva a quienes pueden proveerla. Se proclama la necesidad de contener precios mientras se adoptan medidas que, en la práctica, los tensionan al alza. Y se insiste en la intervención como solución universal, obviando que sin colaboración público-privada y sin estabilidad normativa, cualquier estrategia está condenada al fracaso.
España vive en una situación política e institucional inédita con un gobierno que sabe no continuará tras las próximas elecciones en 2027. SUMAR es un grupo de zombis políticos que se agarran a leyes populistas para no desaparecer políticamente. Se agarra a la vivienda para tratar de salvar la legislatura y hacer valer su influencia en el Gobierno y más ahora que ante las elecciones andaluzas no esperan obtener representación y que llegan a estas elecciones más fragmentados que nunca: Sumar vs Adelante vs Podemos. En esta situación política de agonía, lo que están haciendo no es gobernar ni administrar, sino destruir y confrontar a los ciudadanos.
Ahora no son los inquilinos los que han quedado desprotegidos, sino el más de un millón de pequeños propietarios que constituimos el 50% de los alquileres y que estamos agonizando con okupas e inquilinos sin que se nos permita utilizar ni vender nuestras propiedades.