La Plataforma Anti desahucios de la Safor-Valldigna se ha concentrado esta mañana a las puertas de los juzgados de Gandia, coincidiendo con la reapertura de los mismos y la reanudación de su actividad, entre ellas, la ejecución de desahucios. De hecho, en menos de tres semanas está previsto uno en la ciudad de Gandia que afecta a una familia con dos menores y un tercero a punto de nacer.
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El 14 de marzo se declaró el estado de alarma en el estado español para afrontar la grave crisis sanitaria de la COVID-19. Bajo el mensaje de “frenar la curva de los contagios” el Gobierno declaró que se pararían los desahucios de familias vulnerables para poder “quedarnos a casa”. Las organizaciones sociales denunciaron en su momento que las medidas de vivienda eran claramente insuficientes, que no se habían parado realmente todos los desahucios y que los realojamientos indignos les obligaban a preguntarle a los poderes públicos “¿en qué casa me quedo?”.
Hoy denuncian que, aquello que el Gobierno vendió como una “moratoria de los desahucios” de 6 meses, sólo afecta a algunos desahucios de alquiler en los cuales se acredite en los juzgados vulnerabilidad producida por la COVID-19, según la reducida definición del Real decreto ley 11/2020. El resto de desalojos, que no estaban parados por una supuesta moratoria sino por la suspensión de los plazos procesales, pueden retomarse a partir de hoy, jueves 4 de junio, gracias a una modificación legal aprobada por el Consejo de Ministros a finales de mayo, contenida en el artículo 8 del RDL 537/2020 de prórroga del estado de alarma.
“Esto significa que todos los desahucios de alquiler que no entran en la reducida definición de vulnerabilidad del real decreto antes nombrado, junto a los hipotecarios o de personas que ocupan viviendas, pueden volver a nuestros barrios, pueblos y ciudades a partir de hoy mismo”, explican. Además, aseguran, se ha habilitado parcialmente el mes de agosto como mes hábil del 11 al 31 de agosto, cuando antes era sólo para actuaciones urgentes y el único mes del año que no salían de los juzgados comitivas judiciales y policía con el objetivo de desahuciar a familias, lo cual supone una vulneración de los derechos fundamentales que ha sido denunciada durante los últimos 11 años por los movimientos de lucha por el derecho a la vivienda ante todo el mundo.
Cuando se declaró la pandemia, la misma Relatora de la ONU del derecho a la vivienda, Leilani Farha, declaró con mucho de acierto que la vivienda “es la primera línea de defensa frente al brote de COVID-19″. “Es un escándalo que para contentar los intereses de los de siempre (bancos, fundes buitres y especuladores), con 27.127 personas muertas y en plena pandemia mundial, se permita ahora la reanudación de los desahucios cuando el coronavirus no será superado hasta que exista una vacuna. Hay riesgo de rebrotes o necesidad de posibles nuevos confinamientos; y se pone claramente en riesgo, no sólo el derecho a la vivienda de las familias, sino el derecho a la salud de toda la población”, sostienen.
Las organizaciones sociales llevan muchos años luchando contra los desahucios, con el apoyo y la solidaridad de la mayoría de la población. La crisis sanitaria ha demostrado que, como “venimos gritando desde el primer día, si se quiere se pueden suspender los desahucios. Por lo que ahora no permitiremos de ninguna de las maneras que vuelva la curva de la vergüenza, la de los desahucios”.
Por este motivo, “hoy estamos en los juzgados de todo el estado, para dejar muy claro desde el primer día que no queremos más desahucios, que no permitiremos que vuelva esta barbarie y que haremos todo el que esté en nuestra manos para pararlos”. Concretamente, miembros de la PAH Safor-Valldigna ha estado a los Juzgados de Gandia y han entregado al decanato un escrito comunicando toda esta situación.
Además de ir a los Juzgados, han publicado varios documentos jurídicos útiles para que las personas con amenaza de desahucio puedan recurrir “este flagrante atropello de los derechos humanos”. El primero de estos documentos es para solicitar la moratoria de 6 meses en desahucios de alquiler y vulnerabilidad por la COVID-19, y el segundo para parar cualquier tipo de desalojo sin alternativa residencial.
Próximos desahucios en La Safor
La PAH Safor-Valldigna ha informado que el próximo 22 de junio, una familia de Gandia, con 2 menores de edad y otro en camino (la fecha de nacimiento del cual está previsto para ese mismo día del desahucio) pueden verse en la calle si no se paraliza su desahucio y se les ofrece una alternativa habitacional.
La Plataforma ha puesto este caso en conocimiento del Comité de Derechos Humanos y Sociales de las Naciones Unidas, solicitando que inste medidas preventivas hacia la Abogacía del estado español. Mientras, las personas afectadas siguen a la espera de una solución por parte de las administraciones locales y autonómicas.