El pasado martes 7 de enero, se procedió a la investidura del socialista Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno, cerrando así un periodo de interinidad en el gobierno que no era buena ni para los ciudadanos ni para los distintas instituciones del Estado.

Independientemente de las primeras medidas que se adopten en las primeras reuniones del consejo de ministros y ministras, basadas en el documento programático de gobierno firmado por el PSOE y Unidas Podemos, es importante analizar algunas de las medidas incluidas en dicho acuerdo y que afectan a todos los municipios, y como no puede ser de otra manera, también y muy especialmente a algunos de la Safor.

Hablo en concreto del apartado referido a las competencias de los ayuntamientos. De esta forma, en el apartado titulado “Cohesión y eficiencia: actualización del estado autonómico”, se hace referencia a las competencias de los gobiernos locales. Así, textualmente se dice:

“Ampliaremos las competencias y capacidades de los gobiernos locales, garantizando el respecto de la autonomía local y fortaleciendo el papel de los municipios como unidad territorial básica. En esta misma línea, derogaremos la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local del PP, y aprobando una nueva normativa que conceda a los municipios la capacidad de percibir unos tributos propios mínimos (sin perjuicio de otros que puedan ser reconocidos por la legislación estatal y autonómica) y de disponer de los recursos derivados de la participación en los ingresos del Estado.”.

Es decir, hablamos de la necesaria reforma de la financiación local. En la actualidad, las entidades locales están sometidos a una ley de racionalización y sostenibilidad que impide e imposibilita a los ayuntamientos prestar sus servicios con calidad, desarrollar sus competencias y su autonomía local. Es
una ley que ha supuesto un ataque frontal a la autonomía local y a su capacidad de prestar servicios a la ciudadanía.

Porque hay que tener claro que la actual ley se ciñe a una visión exclusivamente economicista de las funciones que desempeñan los Ayuntamientos, situando la estabilidad presupuestaria, como principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las Administraciones Públicas en vez de situar como eje prioritario y objetivo principal la atención en los ciudadanos y la calidad en la prestación de servicios.

Los ayuntamientos han sido las Administraciones Públicas que han sufrido las políticas de austeridad más agresivas e insolidarias, y ha llegado el momento que con el nuevo gobierno se mejore la autonomía financiera de los Ayuntamientos, porque, no olvidemos que los Ayuntamiento han sido, son y serán la administración más cercana al ciudadano y a la que se mira en primer lugar para reclamar las necesidades de los colectivos ciudadanos.

Si importante es para la Comunitat Valenciana contar con un nuevo modelo de financiación autonómica, otro de los compromisos adquiridos por el nuevo gobierno, no lo es menos lo relativo a la autonomía y financiación de las entidades locales. Porque sin unos ayuntamientos potentes y con plena autonomía económica y de funcionamiento los mayores perjudicados seremos todos los ciudadanos.