La política municipal debería consistir en planificar el futuro de una ciudad, no en hipotecarlo. Sin embargo, eso es precisamente lo que parece dispuesto a hacer el gobierno socialista de Gandia con la privatización durante 25 años de los parkings públicos del Prado, Tirant y República Argentina a cambio de 19 millones de euros adelantados.
La operación se vende como una medida de modernización y mejora de la movilidad, pero cuesta creer ese relato cuando la realidad diaria de los vecinos es exactamente la contraria: más dificultades para aparcar, menos plazas disponibles, accesos más complicados y una sensación creciente de caos circulatorio en toda la ciudad.
La pregunta es sencilla: si estos parkings son rentables, como defendía el propio gobierno hace apenas unos meses, ¿por qué entregarlos a una empresa privada durante un cuarto de siglo? Y si una empresa privada está dispuesta a poner 19 millones de euros encima de la mesa, es evidente que espera recuperar mucho más. ¿De dónde saldrá ese dinero? Del bolsillo de los ciudadanos.
Porque al final estas operaciones nunca son gratuitas. Los vecinos acabarán pagando tarifas más altas mientras el Ayuntamiento pierde capacidad de decisión sobre una infraestructura estratégica para la movilidad urbana. Pan para hoy y problemas para mañana.
Lo preocupante no es solo el fondo, sino también las formas. Una decisión de semejante magnitud económica y urbanística no puede cocinarse prácticamente a puerta cerrada entre un concejal y unos técnicos, dejando fuera a la oposición y sin abrir un verdadero debate público. La transparencia no puede limitarse a un slogan institucional mientras las decisiones importantes se toman sin participación ni consenso.
Además, esta operación recuerda demasiado a viejas fórmulas que Gandia ya sufrió en el pasado. Muchos vecinos todavía recuerdan el famoso canon del agua impulsado durante la etapa socialista: 65 millones de euros ingresados de golpe que desaparecieron rápidamente mientras los ciudadanos continúan pagando recibos más caros años después. La historia demuestra que cuando un gobierno necesita liquidez inmediata y vende patrimonio o servicios públicos a largo plazo, quienes terminan pagando la factura son siempre los mismos: los ciudadanos.
Mientras tanto, Gandia continúa sin resolver sus verdaderos problemas de movilidad. La playa pierde plazas de aparcamiento, el transporte público ha acumulado años de retrasos, servicios como Safor Bici desaparecieron y encontrar estacionamiento se ha convertido en una auténtica odisea para vecinos, trabajadores y visitantes.
Lo más grave es la sensación de improvisación y cortoplacismo. Da la impresión de que el objetivo no es construir una ciudad mejor dentro de diez o veinte años, sino obtener dinero rápido en vísperas electorales. Y esa es una forma muy peligrosa de gobernar.
Gandia necesita planificación, consenso y soluciones reales. Necesita una estrategia seria de movilidad sostenible, aparcamientos disuasorios, transporte público eficiente y decisiones pensadas para mejorar la vida de los ciudadanos, no operaciones financieras diseñadas para cuadrar cuentas o generar titulares.
Porque una ciudad no se gobierna vendiendo el futuro para sobrevivir al presente.