El gobierno de Gandia ha enviado un segundo requerimiento a la empresa concesionaria del servicio público de alquiler de bicicletas SaforBici. Ya remitió uno el pasado mes de agosto, ante el deficitario servicio y la continua falta de bicicletas en muchas de las bases que están repartidas por la ciudad. Ante la falta de respuesta, el departamento de Contratación envió el 10 de enero un segundo aviso en el que se advertía de que, en caso de incumplimiento, el Ayuntamiento se reservaba el derecho a rescindir el contrato ante el incumplimiento por parte de la mercantil.
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Desde que el servicio de alquiler se puso en marcha en 2017, los problemas se han sucedido, en gran parte, por el elevado número de casos de vandalismo de usuarios incívicos que destrozan bases y vehículos, muchos de ellos aparecen abandonados en descampados, hasta el punto de quedar vacías algunas estaciones ante la tardanza y dificultad en las tareas de reparación.
Ahora, el Ayuntamiento vuelve a instar a la empresa a resolver los problemas, una iniciativa que el Partido Popular considera insuficiente y tardía. “Queda demostrado desde el 2017 que esta empresa no ha cumplido ni cumple con el contrato firmado. Ni una sola bicicleta o, las que hay, están en condiciones deplorables. Este ha sido el día a día de este decadente servicio de bicicletas en la ciudad gandiense. Pero es todavía más grave que el Ayuntamiento de Gandia, su alcalde y su equipo de gobierno, no hagan nada al respecto”.
“Lo que los populares nos preguntamos es el motivo por el que el gobierno de Gandia no ha actuado antes ni ha exigido hasta cuatro años después que cumpla con el contrato firmado” y hablan de conflicto de intereses “oculto” entre ambas partes. El portavoz popular, Víctor Soler, tiene claro que, ante el segundo requerimiento, el ejecutivo debe exigir que cumpla con el servicio o, por el contrario, reclamar una indemnización “por un servicio diario de bicicletas inexistente, deficitario y ridículo que nunca han existido”.
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El regidor delegado de Tráfico y Movilidad, Nacho Arnau, ha afirmado que «una vez se cumplan los plazos del requerimiento, llevaremos a cabo todas las acciones necesarias desde el punto de vista jurídico para resolver la situación que tenemos ahora mismo. La pandemia y el vandalismo han afectado a este servicio, pero nosotros somos una administración y tenemos que cumplir los plazos de manera escrupulosa», acabó Arnau.
