Nuevo revés judicial para Arturo Torró (PP). El Tribunal Supremo ha dictado una resolución que confirma lo resuelto por el Tribunal de Cuentas: que el exalcalde de Gandia debe devolver a las arcas de la ciudad más de 350.000 euros por el caso de Tele 7.

En la providencia, fechada el 20 de diciembre de 2023, y a la que ha tenido acceso en primicia GENTE DE LA SAFOR, la Sección de Admisión de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo dicta: «Visto el recurso de casación por la representación procesal de don Arturo Torró Chisvert contra la sentencia de 21 de septiembre de 2022 de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas dictada en el recurso de apelación 46/2021, y acuerda su inadmisión a trámite, conforme al artículo 90.4 b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA), por incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 89.2 d) y f) de la LJCA».

Mientras tanto, Arturo Torró se enfrenta no solo la devolución de una suma considerable, sino también a las consecuencias de un proceso penal paralelo. El pasado mes de abril la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia le condenó a tres años y seis meses de cárcel y tres años y seis meses de inhabilitación absoluta por malversación.

En julio de 2021, el Tribunal de Cuentas había estimado parcialmente las demandas contra Torró, imponiéndole una responsabilidad contable por una suma de 283.125 euros, más los intereses legales acumulados desde 2015. Esta cifra se ha incrementado hasta los más de 350.000 euros actuales debido a tales intereses.

El caso se centra en un contrato firmado en 2012, durante el mandato de Torró (2011-2015) por el Partido Popular, para la emisión de programas locales en el canal asignado a Comarques Centrals Televisió. El Tribunal de Cuentas determinó que la firma de este acuerdo por parte de Torró causó un perjuicio económico significativo a los fondos de Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) y, en consecuencia, al Ayuntamiento de Gandia.

La decisión del Tribunal Supremo refuerza la posición del Ayuntamiento de Gandia en su búsqueda de responsabilidades y recuperación de fondos públicos.