El organismo condena al exalcalde popular y sus colaboradores por los contratos realizados a través de IPG a una televisión privada
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Ya es definitivo. El Tribunal de Cuentas ha comunicado esta mañana a las partes implicadas que Arturo Torró, Gonzalo Morant y Javier Reig deberán pagar 550.000 euros por los pagos que realizaron durante la legislatura del Partido Popular desde Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) a una mercantil, Comarques Centrals Televisió S.L., por valor de 480.000 euros. A esta suma cabe añadir 70.045,56€ por los intereses de demora generados.
La sala estima que existen indicios de irregularidades, pone en duda la gestión que realizaron del dinero público y les obliga a restituir a la administración pública al considerar que se ha cometido un delito de alcance contable.
El Tribunal encuentra al exalcalde popular de Gandia responsable directo de dichas adjudicaciones así como a sus dos colaboradores Javier Reig y Gonzalo Morant, vicepresidente y gerente de la empresa Iniciatives Públiques de Gandia, respectivamente. Desde IPG se firmaron los dos contratos con empresas privadas, aunque el Tribunal de Cuentas sólo ha cuestionado los pagos realizados a la mercantil Comarques Centrals Televisió S.L.
Los hechos reflejados en la denuncia revelan que Arturo Torró Chisvert, aprovechándose en su condición de alcalde de Gandia, “promovió una serie de actos administrativos irregulares” mediante la utilización de la empresa municipal IPG con el fin de “desviar dinero público en beneficio propio y del entramado empresarial creado por el denunciado y personas allegadas de su confianza”.
CIERRE DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA
El denunciante afirma que tras cerrar la televisión pública de Gandia, adjudicó directamente, en un procedimiento sin publicidad ni concurrencia, a una empresa de su pertenencia, Inversiones Especiales del Mediterráneo S.L., un contrato por importe de 1,7 millones para la realización de programas televisivos. Previamente, el contrató se suscribió también con Comarques Centrals Televisió S.L., cuyas funciones acabó ejerciendo la primera empresa.
La empresa IPG acabó asumiendo, improcedentemente según las diligencias previas de la Sala, las consecuencias económicas derivadas de la cesión entre ambas mercantiles. Esto es, tras resolver el contrato con Comarques Centrals Televisió, la empresa pública cargó a las arcas municipales la obligación de pago de 500.000 euros como compensación de las obligaciones derivadas del contrato. Finalmente, IPG abonó 480.000 euros. Pero, tal y como aporta el escrito, «… a pesar de no haber asumido Comarques Centrals Televisió S.L. la realización de dicho contrato, al haberlo cedido a otra mercantil con carácter previo, recibió de IPG la cantidad de 480.000 euros sin que conste contraprestación alguna a su cargo«. Apunta que fue un «pago injustificado» repartido en varias cantidades entre 2013 y 2014.
El Tribunal de Cuentas estima que hubo un perjuicio a las arcas municipales y por ello acuerda requerir la cantidad total de 550.045,56 euros, que reparte de la siguiente manera:
– Francisco Javier Reig Garrigues y Gonzalo José Morant Mayor, como presuntos responsables directo y solidario por la cuantía total de 233.183,33 euros (200.000 euros más los intereses).
– Gonzalo José Morant Mayor, también como presunto responsable directo por importe de 93.406,67 euros (80.000 más intereses).
– Arturo Torró Chisvert como presunto responsable directo por importe de 223.455,56 euros (200.000 de principal más los intereses).
A todos ellos, el órgano les insta a que reintegren, depositen o afiancen las cantidades establecidas en el plazo de diez días, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de proceder al embargo de sus bienes.