• Lola Moncho, representante del Partido Popular en el consejo de administración de Iniciatives Públiques de Gandia SA, interpuso una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Valencia denunciando falsedades en las cuentas de 2014

• La representante legal de Moncho no acudió al Juicio celebrado el pasado 17 de diciembre

El 30 de noviembre de 2015, los miembros del Consejo de Administración de la ya extinguida empresa pública Iniciatives Públiques de Gandia SA (IPG), aprobaban las cuentas generales de 2014. Unas cuentas que arrojaban unas pérdidas totales de 38 millones y medio de euros.

Ante esta situación, los Consejeros Delegados de la empresa pública instaban a la Junta General de Accionistas de IPG a proceder a su liquidación en un plazo de 60 días. La medida fue aprobada con los votos a favor de los representantes del PSPV-PSOE, Més Gandia y Ciudadanos y contó con el voto en contra de la representante del Partido Popular, Lola Moncho.

La devaluación de los valores inmobiliarios propiedad de la empresa suponía cerca de la mitad de la deuda mientras que el resto, cerca de 19 millones, fue atribuido desde el gobierno municipal a “una gestión llena de sospechas e irregularidades donde se gastaba sin límite y donde solo cobraban los amigos del Partido Popular”.

Ante esta situación, el Consejo de Administración también aprobaba iniciar un proceso de acción social de responsabilidad frente a los gestores de IPG durante la anterior legislatura, es decir, Arturo Torró, Javier Reig, Víctor Soler, Lola Moncho y Guillermo Barber.

Esta medidas fueron calificadas en su día por el actual portavoz de los populares, Víctor Soler como “espectáculo mediático” o “causa sumarísima contra el PP” al tiempo que afirmaba que “lo único que hemos hecho es trabajar por Gandia durante cuatro años”.

Además de las declaraciones ante los medios, los populares decidieron interponer una demanda ante el juzgado que pretendía conseguir la nulidad de los acuerdos adoptados por el Consejo de  Administración en diciembre de 2015 “por ser contrario al interés social en abuso de mayoría”.

La demanda fue admitida a trámite por el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Valencia que fijó el acto del juicio el pasado día 17 de diciembre de 2018.

Un acto al que la representante jurídica de los populares no asistió por lo que el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Valencia, en la sentencia nº348 dictamina que se desestima la demanda promovida por Lola Moncho y que deberá correr con las costas procesales.

De esta manera, la defensa “con uñas y dientes” anunciada por Soler, ha quedado en poco menos que un brindis al sol de cara a la galería.

Una defensa que solo pretendía ocultar hechos concretos producidos durante la anterior legislatura y que convirtieron a IPG en la “Cueva de Alí Babá” donde todo valía.