La sede del Partido Popular de Gandia ha recibido a Fernando de Rosa, Senador por Valencia, Oscar Gamazo, Diputado nacional y Víctor Soler, Portavoz y Presidente del Partido Popular de Gandia, para explicar la propuesta que a nivel nacional están presentando los populares en cuanto a la okupación.
En la propuesta de acuerdo, se insta al Gobierno de la nación a modificar varios artículos y leyes para endurecer las penas en caso de okupación de vivienda o inmuebles, especialmente en el caso de mafias. Víctor Soler ha apuntado en la rueda de prensa que “desde el ámbito local se puede y se debe actuar con urgencia para evitar este tipo de acciones, como lo demostró el Partido Popular tabicando más de 300 viviendas en el marco de la Operación Ajedrez».
El primer paso que ha dado el partido en Gandia es presentar una Declaración Institucional para debatir una serie de medidas contra la okupación en el próximo pleno:
- Potenciación de la Policía Local de barrio/proximidad en todos los barrios, especialmente los más afectados por este problema.
- Retomar la Operación Ajedrez con una brigada específica de la Policía Local especializada en delitos de okupación ilegal.
- Formación específica de los agentes de Policía Local en delitos de okupación.
- Mejorar la coordinación entre la Policía Local, Policía Nacional y Juzgados.
- Control exhaustivo del padrón municipal para comprobar la veracidad de los datos y evitar el empadronamiento de los okupas.
- Activar un servicio de información y protección de los derechos de los propietarios y vecinos contra la okupación ilegal.
- Creación de la Oficina Antiokupación que coordine todos los departamentos implicados: Seguridad Ciudadana, Bienestar Social, Padrón Municipal”.
Oscar Gamazo: “La okupación ilegal es una lacra que sufre Gandia y España y que el gobierno socialista no reconoce. La okupación ilegal ha aumentado un 41% desde que Sánchez es presidente, debido a la permisibilidad de este gobierno para contentar a sus socios de Podemos”.
Fernando de Rosa: “Cada media hora hay una familia que se ve desprovista de su propiedad. Por ello, esta iniciativa propone que los delitos de allanamiento de morada sean llevados por un procedimiento rápido, para que en el plazo máximo de 48 horas se celebre el juicio, se dicte sentencia, se proceda al desalojo de los okupas y el propietario legítimo pueda recuperar su vivienda.”