Ayer, el exalcalde de Gandia Arturo Torró, intentando ocultar su mala gestión al frente de la ciudad, pretendía en su cuenta de Facebook desprestigiar a la prensa tras conocerse que el Tribunal de Cuentas había acordado el embargo de sus bienes y el de dos de sus colaboradores, por valor de 550.000 euros. Días atrás, su sucesor Víctor Soler también tomaba un camino parecido al acusar a los medios de estar al servicio del gobierno local.

Como medio de comunicación, Gente de la Safor no puede si no discrepar de forma tajante de estas actitudes y denuncias malintencionadas. La providencia del Tribunal de Cuentas es clara: los encuentra responsables directos de pagos irregulares y reclama, por tanto, la sanción correspondiente: la restitución de los fondos públicos que malversaron. No lo hicieron. Y ahora, la segunda consecuencia es decretar el embargo de bienes por la misma cantidad. No puede ser que todos los medios de comunicación nos equivoquemos al analizarla.

Arturo Torró pide “tranquilidad”. Creo que los medios estamos tranquilos. La ciudadanía gandiense también, indignada al recordar semejantes atropellos a la gestión de los fondos públicos, pero tranquilos. Así que es Torró quien debe tranquilizar a Javier Reig y a Gonzalo Morant, que son los que tendrán que pagar sus decisiones, porque “aparentemente” él no pagará nada. Y no lo decimos nosotros, lo anuncia él orgulloso y convencido.

Arturo Torró habla de “noticias malintencionadas que pueden hacer daño a familias y personas”. Y nos preguntamos: ¿Recuerda él el daño que hizo a miles de familias gandienses? ¿Recuerda cuando desde su cargo al frente del Ayuntamiento no pagaba los servicios de todas aquellas empresas pequeñas y autónomos que tuvieron que cerrar? ¿Recuerda los gritos desesperados de personas que en los pasillos del Ayuntamiento le pedían una solución? ¿Recuerda que impidió el acceso al primer piso del Ayuntamiento para evitar esas situaciones de angustia de pequeños empresarios?

Y, sin embargo, tiene la desfachatez de ir silbando por las calles de la ciudad diciendo que “no le pueden hacer nada, porque ya no tiene nada a su nombre y no pagará”. Y punto.