El concejal de Demòcrates Valencians en el Ayuntamiento de Gandia, Ciro Palmer, ha comparecido en rueda de prensa junto con uno de los liquidadores de la empresa pública IPG, Salvador Marí, para solicitar del gobierno de la ciudad que ponga en manos de los servicios jurídicos, y si corresponde remitirlo a la Fiscalía, correos electrónicos que se encontraban en los despachos de la extinta empresa y que supuestamente podrían implicar a dirigentes del PP en delitos de blanqueo de dinero.

Las pruebas presentadas durante la reuda de prensa «evidencian conversaciones sospechosas entre el concejal del ex alcalde Arturo Torró, y ahora candidato popular, Víctor Soler, con el ex gerente de la empresa pública Gonzalo Morant. Soler, al que le reclama el reembolso, con diligencia, a él y a otros compañeros, de la cantidad de 2.169,12 € para poder afrontar pagos para viajar».

Ante estos correos electónicos, Ciro Palmer ha instado al gobierno a que presente estas pruebas a los servicios jurídicos municipales, para que, junto a otros documentos de las personas implicadas, se pueda entregar a la justicia por si son constitutivas de delito.

Par Demòcrates Valencians, este caso «recuerda mucho la operación Taula de los populares en el Ayuntamiento de Valencia, donde presuntamente se entregaban donaciones al partido que después retornaban a los militantes con dinero en B de procedencia ilícita«.

Las similitudes han llevado a Palmer a recordar que “se podría haber cometido presuntamente blanqueo de capitales o financiación ilegal del partido. Nosotros no acusaremos a nadie. Para eso está la justicia” y recordado que «el gerente de la empresa pública, era a su vez del Partido Popular en Gandia y tenía una estrecha relación con el ex alcalde Arturo Torró, puesto que procedía de sus empresas».

Palmer ha ido más allá y explicado que toda esta información fue «presentada a la dirección provincial de su anterior partido Ciudadanos y no se quiso tener en consideración para no actuar contra el Partido Popular”. «No querían que llegar a la dirección de Madrid. Zanjaron el tema y aún no sabemos por qué”.

Por su parte, el liquidador de la empresa pública y asesor de Ciro Palmer, Salvador Marí, ha concretado los pormenores, sin entrar en detalles de los concejales implicados, para asegurar que “la documentación sobre la póliza que se hizo, así como los pagos posteriores con esas cantidades exactas que presuntamente les retornaban, se pondrá en manos de los servicios jurídicos. Nosotros no queremos adelantar nada, pero de momento solo haremos público el correo que levanta la liebre sobre el posible delito que se hubiera cometido”.

El liquidador también ha manifestado que “la documentación estaba guardada en un armario custodiado desde el mismo día del relevo del gobierno popular de manera que no se tuvo acceso a los papeles hasta analizarlos para el cierre de la empresa pública.”

Ppor ´último, desde Demòcrates Valencinas se ha recordado que «estos correos ponen en el objetivo de la polémica nuevamente a Víctor Soler que está siendo investigado por el caso Púnica donde se determinará el grado de implicación para la captación de fondos, procedentes supuestamente de empresas que trabajaban para el Ayuntamiento, y que pretendían a través de las redes sociales mejorar la imagen reputacional de Torró. En las declaraciones ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, el vicesecretario de organización popular Dionisio Ollero y el ex alcalde Arturo Torró, confesaron que el máximo responsable de la ramificación de la Púnica en Gandia era el ahora cabeza de cartel popular, Víctor Soler».