Decenas de personas vuelven a concentrarse para reclamar soluciones al deterioro de la costa

La Asociación Salvem les platges al sud de Gandia congregaba ayer sábado a decenas de personas en el paseo marítimo de Bellreguard en un nuevo acto de protesta por la situación de las playas de la comarca. Acudieron vecinos de la localidad, de municipios cercanos así como veraneantes a un acto en el que se instaba al Gobierno central y a todos los partidos políticos a asumir su responsabilidad medioambiental -atendiendo a la Ley 26/2007- para promover un cambio legislativo en profundidad sobre la Ley de Costas, aconsejado por el Consejo de Estado en 2014 «y que a día de hoy nada se ha hecho».  

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En la concentración, los convocantes leyeron el siguiente comunicado:

 

No debería existir un país donde el Estado NO CUMPLA con su responsabilidad medioambiental. Los embalses construidos por el Estado a mediados del siglo pasado ya han retenido 6.000 millones metros cúbicos de áridos y nutrientes que deberían desplazarse por los ríos hacia el mar, y los puertos han alterado la dinámica litoral que transportan los sedimentos, reteniendo millones de metros cúbicos a un lateral de sus espigones. Los efectos de este impacto medioambiental, avalado por multitud de estudios científicos, ha provocando y está provocando la acreción de unas playas a un lado de los espigones y la recesión o devastación al otro lado.

 

Con ese propósito, más de 30 asociaciones de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, se han unido para crear el Movimiento MEDITERRANIA, apolítico y apartidista, que pretende ser la voz de la sociedad civil para promover un cambio legislativo e impulsar una nueva planificación que sea integradora, proteccionista y no destructiva, del patrimonio territorial definido como: “el conjunto de bienes naturales, culturales y urbanos, tangibles e intangibles generados localmente, y que una generación hereda/transmite a la siguiente con el propósito de preservarla, continuarla y acrecentarla”.

 

Señorías del Gobierno:

 

“Si el Estado es capaz de construir infraestructuras como embalses y puertos para el bien común, y generar riqueza económica con ellas, también han de tener la capacidad para convertirlas en sostenibles, solo es cuestión de querer, y no de mirar hacia otro lado», concluían.

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