Joan Cogollos, miembro de la PAH Safor-Valldigna, ha sido finalmente condenado por un delito de resistencia/desobediencia a la autoridad y otro de lesiones, en una sentencia “llena de contradicciones”, tal y como alega la defensa. Un mes y medio después de celebrarse el juicio, que congregó a decenas de personas a las puertas de los juzgados de Gandia en apoyo al activista de 75 años, se ha hecho pública la sentencia que, si bien no contempla la pena de prisión solicitada por la Fiscalía (1 año y 6 meses), sí asume parte de los cargos y le impone una sanción económica de 2.400 y 180 euros por cada uno de los dos delitos que se le imputan. Además, Cogollos tendrá 2 años de antecedentes penales en su historial.
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La decisión de la jueza ha sentado como un jarro de agua fría a los integrantes de la Plataforma antidesahucios y al propio afectado que, en declaraciones a Gente de la Safor, confiaba en que los agentes de la policía local que le denunciaron “no vuelvan a dar falso testimonio”. La defensa ya ha recurrido la sentencia ante la Audiencia Provincial de Valencia y ahora toca seguir esperando -el juicio ya fue aplazado hace casi un año- para ver si finalmente es absuelto, tal y como pretende su abogado.
Cabe recordar que, en el juicio celebrado el pasado 1 de diciembre, el letrado presentó como prueba unos vídeos grabados por un Guardia Civil de paisano el día del desahucio en el que se produjeron las supuestas agresiones que se atribuyen a Cogollos (leer noticia). Sin embargo, parece ser que no se han tenido en cuenta puesto que existen versiones contradictorias sobre el momento en que se grabaron “y se da más credibilidad a la versión de los policías”. Estos argumentaron que los hechos delictivos -agresiones verbales y físicas hacia los policías por parte de Joan Cogollos- se produjeron después de acabar la grabación. Sin embargo, el agente de paisano declaró que el vídeo acabó cuando la situación ya se había calmado.
“Desde la PAH Safor-Valldigna queremos manifestar nuestra profunda decepción con un sistema judicial que nos transmite inseguridad e inequidad judicial. El caso de Joan lo ha confirmado, una vez más. Ante la palabra de un Agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad, parece que poco vale la palabra de testigos, ni siquiera de pruebas tan irrefutables como grabaciones realizadas por los mismos funcionarios. Nos sentimos huérfanas ante la impunidad con la cual parece que puede actuar la policía. Lo que nos gustaría es sentirnos es protegidas, porque cuando defendemos el derecho a la vivienda que contempla el artículo 47 de la Constitución, ejerciendo otro derecho, el de manifestarnos, aquello que esperamos es que se nos garanticen nuestros derechos, también por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, No que acabemos siendo enjuiciadas y condenadas bajo falsas acusaciones”, explican desde el colectivo.
Desgraciadamente, añaden, “tenemos más ejemplos de esto en los movimientos sociales de todo el estado. Es hora de hacer una red de afectadas y hacer más visibles los abusos. Queremos sentirnos seguras cuando ejercemos el derecho legítimo a manifestarnos”. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca Safor-Valldigna, con el apoyo del resto de PAH’s de valencianas y del resto del estado, “llevamos tres años movilizando colectivos, partidos políticos y personas alrededor de una red de apoyo a Joan Cogollos y, a la vez, contra las leyes represivas”. Por ello, y tras darse a conocer la sentencia, “anunciamos movilizaciones para denunciar los excesos policiales y un sistema judicial que no garantiza la equidad judicial, cuando una de las partes es un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad”.
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Cogollos, decepcionado y sorprendido sólo en parte por la decisión judicial, siempre se ha mostrado agradecido por las muestras de apoyo y solidaridad y todas las campañas que se han gestado a lo largo de los más de 3 años que ya dura el proceso. “Yo estoy tranquilo. Y por suerte tengo a muchísima gente al lado. Pero yo soy una persona conocida, y me pregunto qué le pasará a toda esa gente que está luchando igual que yo, pero no es tan conocida. Sólo espero que si volvemos al juzgado, esos agentes no vuelvan a levantar falso testimonio. Espero que recapaciten”.
Junto a Cogollos, otras dos personas que intervinieron en el desahucio de 2018 en Oliva también estaban denunciadas. Y han sido igualmente condenadas por los mismos delitos.
