El proyecto del futuro Centro Integrado de Formación Profesional (CIPFP) La Safor vuelve a situar al Ayuntamiento de Gandia y a la Generalitat en posiciones enfrentadas. El Grupo Municipal Popular ha respondido al requerimiento realizado por el consistorio al Consell para que avance en un plazo de 15 días con la tramitación del centro o devuelva las competencias para que el Ayuntamiento pueda asumir su ejecución.
La concejala de Educación del PP, Mar Beltrán, ha atribuido al Gobierno municipal la responsabilidad por el retraso acumulado del proyecto y ha cuestionado que el consistorio reclame ahora celeridad a la administración autonómica después de haber entregado, según los populares, el informe pendiente el pasado 17 de agosto.
«El único responsable del retraso del Centro FP es el gobierno del socialista Prieto», ha afirmado Beltrán, quien considera que el Ayuntamiento no está en condiciones de plantear un ultimátum a la Generalitat después de los años transcurridos para completar la documentación necesaria.
El proyecto arrastra desde hace años trámites pendientes y un cruce de reproches entre ambas administraciones. En enero de 2026, la Generalitat aseguró que la tramitación estaba parada porque el Ayuntamiento no había remitido determinados informes técnicos, entre ellos el de inundabilidad. Según la versión trasladada entonces por la Conselleria, se habían solicitado distintos documentos desde diciembre de 2024 y los requerimientos se habían reiterado posteriormente.
El protocolo firmado en julio de 2024 contemplaba inicialmente un calendario que situaba el inicio de las obras en 2025 y su finalización en 2028. El proyecto prevé una inversión superior a los 22,6 millones de euros y contempla 24 ciclos formativos, además de instalaciones del CEFIRE, con especialidades vinculadas a sectores como Hostelería y Turismo, Electricidad y Electrónica, Sanidad y Seguridad y Medio Ambiente.
Ahora, el debate se centra en la documentación pendiente y en quién debe asumir la responsabilidad por el retraso. Beltrán sostiene que la Conselleria venía reclamando al Ayuntamiento desde diciembre de 2024 los informes necesarios para continuar el expediente. También recuerda una reunión celebrada en julio de 2025 entre responsables de ambas administraciones y posteriores requerimientos de documentación.
«La cooperación institucional consiste en que cada administración cumpla con sus obligaciones y trabaje para sacar adelante los proyectos, no en retrasar durante años aquello que te corresponde para después amenazar a otra administración y exigirle que haga en 15 días lo que tú has tardado años en hacer», ha señalado la edil.
Los populares defienden que la Generalitat había manifestado desde el inicio de la legislatura su voluntad de impulsar el CIPFP y que había considerado el centro como un proyecto prioritario. La propia Generalitat presentó en 2024 el futuro centro como una infraestructura estratégica para la planificación de la Formación Profesional en la Comunitat Valenciana.
El PP pide recuperar la cooperación entre administraciones
Más allá de la discusión sobre los informes pendientes, Beltrán reclama que el proyecto deje de estar condicionado por el enfrentamiento entre el Gobierno local y el Consell.
«Nosotros queremos el CIPFP La Safor en marcha. Lo queríamos hace dos años, lo queremos hoy y lo queremos cuanto antes», ha afirmado. Al mismo tiempo, ha rechazado que el Ayuntamiento plantee la devolución de las competencias como respuesta al retraso de la tramitación.
La concejala popular considera que «cada día que dedican a buscar culpables es un día que pierden los estudiantes de Gandia y de toda la comarca» y reclama que ambas administraciones vuelvan a trabajar conjuntamente para desbloquear el proyecto.
El futuro CIPFP está planteado como una infraestructura destinada a ampliar la oferta pública de Formación Profesional de la comarca y a dar respuesta a las necesidades formativas del tejido productivo. En el momento de la firma del protocolo, la Generalitat y el Ayuntamiento destacaron precisamente la colaboración institucional y el papel de las empresas en la definición de las familias profesionales que integrará el centro.
«Lo que no vamos a aceptar es que quienes han retrasado su avance pretendan ahora reescribir la historia y utilizar contra la Generalitat las consecuencias de sus propios incumplimientos», ha concluido Beltrán, que reclama al Gobierno municipal que abandone los «ultimátums» y permita que los técnicos de ambas administraciones continúen con la tramitación.