La aprobación del Ingreso Mínimo Vital fue anunciada y publicitada por el gobierno español durante muchos meses como solución a las situciones de paro, pobreza y precariedad masiva generadas por las medidas adoptadas desde marzo para contener la extensión del COVID-19. Esta iniciativa dio esperanza a miles de personas que, habiendo perdido su puesto de trabajo, al menos tenían un ingreso que les permitiría sobrevivir. La situación actual, sin embargo, «no podría ser más decepcionante». Por es desde la Confederación General del Trabajo de la Safor se crítica que se deniegue el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en función de los ingresos de 2019, «cuando la ayuda había surgido por paliar la crisis económica generada en 2020 durante la pandemia del COVID-19».
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La organización anarconsindicalista reclama que se tenga en cuenta la situación económica que ha tenido la persona demandante durante 2020, que es la que está afectada por la pandemia con una enorme tasa de paro y situaciones de precariedad. Si se hace teniendo en cuenta el 2019, la ayuda «pierde sentido y no ayuda a aquellas personas que se están quedan en situación de pobreza». GGT también denuncia que el IMV es denegado a aquellos que no han solicitado anteriormente ninguna ayuda o a las personas que comparten vivienda por no poder permitirse una propia, y se les considera unidad familiar (cuya rentas sumadas en ocasiones superan el máximo para poder acceder a las ayudas).
Desde CGT se señala que toda Ley o Decreto deja amplia interpretación y que «si hay realmente hay voluntad política de aplicar otros supuestos, en este caso la situación sobrevenida de desocupación a raíz de la crisis generada por el Covid, se puede hacer», afirma Cecília López. «Por eso exigimos que se tomen medidas políticas y legales urgentes para aprobar las solicitudes de personas que están en una situación de máximo riesgo de exclusión para el Ingreso Mínimo”, indica Cecilia López de CGT-La Safor.
DOS CASOS
Dolores, le denegaron por no haber recibido ninguna ayuda anterior
Dolores es una mujer con dos hijos menores a su cargo, que acude al sindicato buscando orientación para reclamar contra la resolución que le llega por parte del Ministerio de la Seguridad Social: su expediente ha sido inadmitido a trámite por no cumplir los requisitos: no haber solicitado anteriormente una prestación o ayuda a la cual podría tener derecho.
Dolores vivía hasta hace un año con su pareja, padre de uno de los niños. Él tenía trabajos temporales, precarios, ella se ganaba la vida limpiando por horas casas de familias. De este modo no tuvo necesidad de pedir ayuda económica o prestación a la administración, sintiéndose orgullosa por ello. Pero todo cambia cuando se separó de su pareja coincidiendo con el inicio la pandemia y el confinamiento. Las familias que la empleaban empezaron a tener miedo de tenerla a casa y la despidieron. Con la poca ayuda que pasaba el su expareja, no llegaba a pagar todas las facturas.
Vio una posible salida a su situación económica en el anuncio del Organismo de la Seguridad Social dependiente del Estado español, que dice: -El Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas”. Una esperanza frustrada por la notificación que le acababa de llegar.
Mamadou, por considerar que sus compañeros de piso son familia
Mamadou también acude al sindicato, trabajador que llevaba un año enfermo después de varias operaciones en la cadera, y cobrando la baja médica. Después de agotar esta prestación se queda sin derecho a cobrar la prestación por desocupación y tampoco encuentra trabajo. Convive además desde hace más de tres años en un piso con otros compañeros de su pais de origen, Senegal, con quienes comparte gastos de alquiler, luz, agua e impuestos. Gracias a esto puede sobrevivir con trabajos temporales en la agricultura. A Mamadou le resulta difícil demostrar que no forman parte de una unidad de convivencia, que no son familia, puesto que algunos de ellos tienen el mismo apellido, una cosa habitual en el Senegal pues las personas de una misma localidad suelen llevarlo. Por eso le han denegado el Ingreso Mínimo Vital.
* «Los nombres ofrecidos no son reales por el miedo que sufren las personas afectadas, y porque desde CGT queremos garantizar sus derechos y confidencialidad. Los casos, lamentablemente, son reales y habituales. Estamos asistiendo a centenares de denegaciones de las peticiones del Ingreso Mínimo Vital. Denunciamos, según diferentes indicios y testigos que no se quiere destinar suficiente presupuesto para cubrir las solicitudes presentadas y se está usando cualquier excusa para denegarlas”, afirma López, miembro de CGT La Safor».
