La campaña citrícola empezó mal en la Safor y continúa a peor. Un año más, precios por los suelos en el mejor de los casos. Y huertos repletos de fruta por vender y recoger, en la mayoría. LA UNIÓ de Llauradors y el resto de organizaciones profesionales agrarias de la Comunitat Valenciana –Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), ASAJA Alicante-Jóvenes Agricultores, Coordinadora Campesina del País Valencià (CCPP-COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos del País Valencià (UPA-PV)– han acordado la convocatoria de una manifestación el próximo viernes 3 de diciembre para reclamar medidas de apoyo a todas las administraciones ante la escala histórica de los costes de producción y la crisis de precios en origen.
El acto de protesta consistirá en una marcha de personas y vehículos (tanto turismos y furgonetas como maquinaria de uso agrícola) que discurrirá desde las poblaciones de Favara hasta Tavernes de la Valldigna. En esta zona fue precisamente donde empezó el mal inicio de la campaña de la naranja Navelina, que posteriormente se ha extendido al resto de áreas citrícolas.
Dicha campaña registra cotizaciones ruinosas de hasta 0,15 euros por kilo que están muy lejos de cubrir los gastos, debido a la entrada masiva de importaciones foráneas y a los abusos comerciales de determinadas cadenas de distribución. Esos precios se dan, además, en las pocas fincas que han conseguido vender la cosecha de este año ya que otras muchas directamente ni la han vendido por la falta de demanda. Los intermediarios argumentan que “el mercado está parado”. Y con ello, los huertos están con la fruta por recoger. Estas comarcas también concentran la mayor producción de caqui en Europa, un cultivo cuya rentabilidad está contra las cuerdas a causa de la falta de soluciones para combatir las plagas y enfermedades. Asimismo, la reivindicación remarca los daños en expansión que está ocasionando el Cotonet de Sudáfrica.
Las organizaciones agrarias convocantes de la movilización invitan a participar a todas las personas afectadas directa o indirectamente por la grave crisis de rentabilidad que soportan la gran mayoría de las producciones agrícolas y ganaderas, puesto que el acto de protesta hace referencia a la problemática general del sector agropecuario.
Las entidades representativas del campo valenciano alertan de una subida sin precedentes de los costes de producción. La energía eléctrica –necesaria fundamentalmente para extraer el agua de riego– se ha encarecido un 270% y muchas entidades de riego se ven abocadas a renovar sus contratos con las comercializadoras mediante incrementos inasumibles. El gasóleo que usan los tractores y otras máquinas agrarias ha subido un 73%, así como los abonos (+48%), el agua (+33%), los plásticos de invernadero (+46%) o las semillas (+20%).
Mientras los alimentos empiezan a experimentar un encarecimiento para los consumidores, al principio de la cadena alimentaria los productores no tienen la capacidad de repercutir la histórica escalada de costes en los precios que perciben. Por ello, además de apoyos coyunturales, el sector agrario exige que la reciente reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria sirva verdaderamente para evitar prácticas comerciales abusivas y garantice precios justos para los productores.
Asimismo, estos colectivos reivindican, una vez más, una Política Agrícola Común (PAC) más mediterránea y una profunda revisión de los acuerdos comerciales de la Unión Europea con países terceros, empezando por la actual revisión del tratado con Sudáfrica, a fin de establecer reciprocidad en las condiciones de producción, mayores controles fitosanitarios y la declaración de ‘producto sensible’ a aquellos cultivos cuya rentabilidad se vea perjudicada.
El sector agrario valenciano no descarta la convocatoria de más actos de protesta durante las próximas semanas, así como la participación en una gran manifestación en Madrid de agricultores, ganaderos y ciudadanos en defensa de un medio rural sostenible desde el punto de vista ambiental, social y económico.
Por el momento, LA UNIÓ ha trasladado al Ministerio de Agricultura, a través de su organización estatal Unión de Uniones, un informe en el que se recoge la evaluación, consecuencias y propuestas de mejora frente a la grave crisis de costes en la que está sumido el sector agrario desde hace varios meses. Precisamente, éste será uno de los aspectos más relevantes de la protesta.