Enric Llorca Miñana, alcalde de Villalonga durante los años 2012 al 2016, ha sido condenado a 4 años y 6 meses de inhabilitación y al pago de las costas procesales por «considerarlo penalmente responsable en concepto de autor, de un delito continuado de prevaricación administrativa, previsto y penado en los artículos 74 y 404 del Código Penal.
Según recoge la sentencia, Llorca realizó una decena de contratos irregulares mientras gobernaba Villalonga. A pesar de que, como dice la sentencia, no se ha obtenido ningún tipo de lucro personal de estos contratos, la jueza del caso estima que sí se ha producido un delito por no seguir los procesos legales de contratación pública.
Llorca, junto con los concejales Juanjo Sanchis y Vicent Rocher -que han sido absueltos- se sentaron en el banquillo de los acusados en el juzgado de lo penal numero 1 de Gandia los días 6 y 7 de julio. Este proceso comenzó con la denuncia de Alicia Gomis y Lidia Reig, tras abandonar el PSOE en el que se encontraban junto con Llorca y ser conscientes de las irregularidades cometidas en ese gobierno.
En la sentencia, la jueza manifiesta que «en el caso enjuiciado, se propició por el Alcalde Enrique Llorca Miñana, hasta 11 contrataciones totalmente ilegales por falta absoluta, palmaria y grosera de procedimiento alguno en el acceso al empleo público de varias personas que debieran calificarse como nulas de pleno derecho y que no pueden explicarse o encontrar amparo en normativa alguna, ya que no se prevén razones de exclusión social como justificación de la contratación directa de personal alguno, sino en su caso de acceso a ayudas sociales, saltándose de manera deliberada las bases y las normas publicadas por el Ayuntamiento para optar y obtener dichos trabajos».
La sentencia publicada no es firme, por lo que Llorca puede presentar recurso a esa imputación y condena de inhabilitación de empleo público.
La UGT responde a los trabajadores
La UGT Servicios Públicos del Ayuntamiento de Villalonga ha mandado un comunicado para tranquilizar a los empleados públicos ante las declaraciones de llorca, donde declaraba en sede judicial que la responsabilidad de la contratación ilegal era de los funcionarios. La jueza ha asegurado en la sentencia que fue él (Enric Llorca) el autor material del delito de prevaricación.
UGT asegura que el exalcalde «persiguió y despidió a los delegados de la UGT por oponerse a sus contrataciones ilegales. Llegó a perseguir a nuestro ex delegado Ximo Soto con un detective privado estande de baja».