El Grupo Municipal Popular de Gandia ha presentado sus alegaciones a la memoria del futuro contrato del transporte público urbano, un documento que, según su portavoz, Víctor Soler, recoge una propuesta alternativa de modelo de movilidad para la ciudad. Entre las principales medidas planteadas figuran la creación de conexiones con los polígonos industriales, el refuerzo de las líneas que dan servicio a Marxuquera y Marenys de Rafalcaid y una mayor centralidad del Hospital Francesc de Borja dentro de la red.
Soler, acompañado por el concejal del PP encargado de movilidad, Vicent Gregori, explicó que estas alegaciones completan las presentadas días atrás sobre la estructura de costes del contrato. «Creemos que la oposición útil no consiste únicamente en señalar aquello que puede mejorarse. Consiste en estudiar los expedientes, escuchar a los vecinos y aportar propuestas», afirmó.
Entre las iniciativas destaca la incorporación del transporte público a los polígonos industriales de Alcodar, Benieto, la Ciutat del Transport y el Rajolar. Según Soler, el proyecto del Gobierno local no contempla conexiones directas con estas áreas de empleo. «Si queremos fomentar el uso del transporte público, primero tenemos que llevarlo allí donde están los puestos de trabajo», señaló.
Otra de las propuestas pasa por incorporar dos nuevas paradas, una en la avenida de la Mar y otra en la avenida Europa, con el objetivo de ampliar la cobertura del servicio en zonas de elevada actividad residencial. Gregori aseguró que esta demanda ha sido trasladada por vecinos durante las visitas realizadas por el grupo municipal.
En cuanto a la Línea 4, el PP plantea dividir el recorrido actual en dos servicios diferenciados. La L4A conectaría Marenys de Rafalcaid con el Grau, el centro, la estación de Renfe y el Hospital durante todos los días del año, mientras que la L4B enlazaría Marxuquera con Beniopa, el centro, Renfe y el Hospital, complementándose con transporte a demanda cuando fuera necesario. Los populares consideran insuficiente la oferta actual de cinco expediciones diarias y la ausencia de servicio en domingos y festivos.
El Hospital Francesc de Borja constituye otro de los ejes de las alegaciones. El PP propone que disponga de conexiones directas y frecuentes con la estación de Renfe, la estación de autobuses, el centro, los barrios, el Grau y la playa para facilitar el acceso de pacientes, familiares y personal sanitario.
Además, las alegaciones incluyen propuestas para mejorar la coordinación entre el autobús urbano, Renfe y el transporte interurbano; implantar medidas tarifarias como transbordos gratuitos, bonos para jóvenes y estudiantes, tarifas sociales y títulos para visitantes; así como incorporar información en tiempo real, nuevos sistemas de pago y mecanismos de control de frecuencias. También plantean diversas observaciones técnicas sobre la infraestructura eléctrica de la futura flota, el calendario de suministro de vehículos, los indicadores de calidad del servicio, la demanda estacional y las inversiones previstas en marquesinas.
Durante la presentación, Soler defendió que las alegaciones representan un modelo alternativo de movilidad. «Hoy no presentamos únicamente unas alegaciones. Presentamos una forma distinta de entender la movilidad. Un modelo que conecta mejor los barrios, acerca el transporte al empleo, sitúa al Hospital como uno de los ejes del sistema y pone al usuario en el centro de todas las decisiones», concluyó.
El Gobierno local defiende que el nuevo contrato ya contempla buena parte de las medidas planteadas
La concejala de Movilidad, Tráfico y Transporte Público, Lydia Morant, respondió a las propuestas del Partido Popular asegurando que muchas de las cuestiones planteadas ya están incluidas en el nuevo contrato del servicio de transporte urbano y criticó que las alegaciones no incorporen estudios técnicos ni memoria económica.
«Es positivo que, por fin, el principal partido de la oposición entre en el debate de la movilidad, pero resulta llamativo que presenten una batería de ideas genéricas sin estudios, sin memoria económica y sin explicar cómo se financiarían», afirmó.
Morant recordó que el nuevo contrato prevé una inversión superior a 31 millones de euros durante los próximos quince años e incluye la reorganización integral de las líneas, la mejora de las frecuencias, la renovación de la flota con vehículos eléctricos y la ampliación de la cobertura del servicio.
La responsable municipal sostuvo que aspectos como la mejora de las conexiones, la coordinación con otros medios de transporte, la ampliación de la cobertura territorial o la digitalización del servicio «ya contempla el proyecto que hemos presentado y que cuenta con apoyo técnico, jurídico y económico».
Asimismo, defendió que cualquier modificación del sistema debe analizarse desde una perspectiva global y con criterios de viabilidad. «No se puede diseñar el transporte público a base de ocurrencias o actuaciones aisladas. Cada nueva línea, parada o frecuencia tiene implicaciones operativas y económicas que deben estudiarse para garantizar un servicio eficiente y sostenible», señaló.
Finalmente, Morant reiteró la disposición del Ejecutivo municipal a estudiar las aportaciones que contribuyan a mejorar el servicio, aunque reclamó «más rigor y menos titulares». Según concluyó, «el PP ha presentado una lista de peticiones sin cuantificar, sin desarrollar técnicamente y sin asumir ninguna responsabilidad sobre su coste. Esa es la diferencia entre gobernar y limitarse a comentar los proyectos de los demás».