Los últimos datos del Balance de Criminalidad publicados por el Ministerio del Interior vuelven a poner sobre la mesa una realidad preocupante: en Gandia la delincuencia sigue una tendencia al alza, especialmente en aquellos delitos que ocurren en la vía pública y que afectan directamente a la vida cotidiana de los vecinos. No hablamos de estadísticas abstractas, sino de hechos que impactan en la seguridad real y en la percepción de seguridad de quienes viven, trabajan o visitan nuestra ciudad. 
Cuando se analizan los datos con detenimiento, la preocupación aumenta. Los robos con violencia e intimidación han incrementado en un 44 %. Los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria también suben de forma notable. Incluso los hurtos, que ya eran elevados, continúan creciendo. Pero si hay una cifra que debería encender todas las alarmas es el aumento del 83,3 % en las agresiones sexuales con penetración.
No son números menores ni tendencias coyunturales. Son indicadores claros de que algo no está funcionando en la gestión de la seguridad en nuestra ciudad.
Y aquí es donde entra en juego la responsabilidad política. Gobernar también significa garantizar la seguridad de los ciudadanos, y los datos demuestran que el actual gobierno municipal, encabezado por el alcalde socialista José Manuel Prieto, no está siendo capaz de revertir esta tendencia. Durante los últimos años se ha repetido un discurso complaciente que intenta minimizar el problema o diluirlo en comparaciones generales, pero la realidad es tozuda: los delitos que más preocupan a los vecinos son precisamente los que están creciendo.
Mientras tanto, otras ciudades valencianas de tamaño similar han conseguido reducir la criminalidad. Esto demuestra que no se trata de un fenómeno inevitable ni de una tendencia generalizada. Cuando hay voluntad política, planificación y recursos bien gestionados, los resultados llegan.
En Gandia, sin embargo, la sensación que transmiten muchos vecinos y comerciantes es muy distinta. Basta hablar con asociaciones de barrio o con el pequeño comercio para comprobar que existe una preocupación creciente por los robos, los incidentes en la vía pública o la falta de presencia policial en determinadas zonas. Esa sensación de abandono institucional es, en sí misma, un problema grave.
Porque la seguridad no solo se mide en estadísticas; también se mide en la confianza que los ciudadanos tienen en sus instituciones.
Desde el Partido Popular llevamos tiempo advirtiendo de esta situación y reclamando una reacción seria por parte del gobierno municipal. Gandia necesita más presencia policial en las calles, una planificación estratégica en materia de seguridad y una coordinación efectiva entre administraciones. No se trata de alarmar, sino de actuar antes de que el problema vaya a más.
Lo que no puede hacer una ciudad es resignarse a convivir con una criminalidad creciente como si fuera algo inevitable. Gandia es una ciudad abierta, dinámica y con un enorme potencial económico y turístico. Precisamente por eso debe ser también una ciudad segura.
Los gandienses merecen poder pasear tranquilos por sus calles, los comerciantes merecen desarrollar su actividad sin miedo a nuevos robos, y las familias merecen saber que su ciudad es un lugar seguro para vivir.
La seguridad no debería ser un eslogan político ni un tema que solo aparece cuando los datos ya son preocupantes. Debería ser una prioridad permanente en la agenda del gobierno municipal.
Porque cuando la seguridad falla, falla una de las bases fundamentales de la convivencia. Y Gandia no puede permitirse ese lujo.
Vicent Gregori
Concejal del PP de Gandia