¿Puede una institución condicionar la llegada de recursos económicos a un ayuntamiento por una opinión vertida en redes sociales por uno de sus dirigentes? Si la respuesta fuera afirmativa, estaríamos ante un retroceso democrático de proporciones alarmantes.
Nos hemos enterado de que un tuit en el que se criticaba el pacto de gobierno entre el PP, Vox y Ens Uneix podría haber puesto en peligro más de un millón de euros destinados a la ciudad de Gandía. Sí, un simple tuit. Y no deja de ser paradójico que la amenaza provenga precisamente de Natalia Enguix, vicepresidenta de la Diputación de Valencia y dirigente de un partido que se autodenomina progresista.
Enguix habría insinuado que las ayudas a municipios turísticos y otras —ya pactadas en el presupuesto de este año— podrían peligrar en función de la “educación” o el “tono” en redes sociales de determinados representantes públicos. En concreto, de Vicent Mascarell, concejal de Gandía y diputado provincial, quien tuvo la osadía de señalar que Ens Uneix esta blanqueando las políticas negacionistas y extremistas del PP y Vox en la Diputación de Valencia.
La pregunta es sencilla: ¿merecen los ciudadanos de Gandía pagar las consecuencias de un tuit crítico? En democracia, la libertad de opinión y la discrepancia no pueden penalizarse ni condicionar la llegada de fondos públicos. No hay manual de política democrática que justifique que una institución limite los recursos de todos a cambio de silencio o docilidad.
Mascarell ejerce su papel de oposición, guste más o menos, y lo hace denunciando las alianzas que están sosteniendo el gobierno provincial de PP y Vox. Pretender castigar a una ciudad por ello no sólo socava la calidad democrática, sino que podría rozar el terreno penal, al vincular la llegada de recursos públicos a opiniones políticas.
Los recursos económicos no son propiedad de quienes los gestionan. Son de los ciudadanos. Y ningún tuit, por crítico que sea, debería costarles un millón de euros.