Resulta difícil de explicar que Gandia siga sin poder incorporar a los 17 nuevos agentes de Policía Local previstos en su oferta pública de empleo. La razón no está en la falta de voluntad municipal. El obstáculo, una vez más, está en València.
El proceso, priorizado por el gobierno local y acordado con las secciones sindicales, permanece bloqueado desde hace meses a la espera de que la Generalitat Valenciana –gobernada por el Partido Popular– ratifique el procedimiento y proponga el tribunal que debe encargarse de la selección. La parálisis administrativa del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) está impidiendo que Gandia cuente con más efectivos en un momento en que más se necesitan.
El concejal de Administración y Recursos Humanos, Adrián Vila, ha recordado que el proceso ya estaría en marcha de no ser por esta demora. Pero lo más llamativo es la incoherencia política: el mismo partido que desde Gandia reclama más policías, es el que desde el Consell está impidiendo que se incorporen.
La situación no es nueva, pero sí cada vez más insostenible. La población de Gandia crece y la turística aumenta cada verano. Aun así, la Generalitat sigue sin mover ficha. La ciudad necesita respuestas y compromisos, no excusas ni dilaciones.
Desde el ejecutivo local se insiste en que la seguridad ha sido una prioridad real y presupuestada, y que esta falta de diligencia autonómica está perjudicando directamente a los vecinos. Si no se desbloquea el proceso de forma inmediata, no solo se estará incumpliendo una obligación administrativa: se estará negando a Gandia el derecho a contar con una policía local a la altura de sus necesidades.