Tras el registro en el Congreso de los Diputados de la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, social y política en Cataluña, los socialistas, con Pedro Sánchez a la cabeza, culminan la apuesta estratégica emprendida en 2018 para conseguir un reencuentro entre catalanes y el resto de España.
Una apuesta que se basa en superar la peor crisis política y constitucional vivida en nuestro país en los últimos años, y que tuviera su comienzo en la denuncia ante el Tribunal Constitucional del Estatuto de Cataluña por parte de los populares. Eso sí, solo el de los catalanes –teniendo el valenciano, andaluz o gallego el mismo texto–.
Estos últimos cinco años, desde la moción de censura y las posteriores elecciones, se han visto otras formas de hacer política: mesas de diálogo entre gobiernos, aprobación de indultos a líderes independentistas, homologación de legislación penal a los estándares europeos y la firma de importantes acuerdos para la desjudicialización de este proceso que nunca debió de pasar de soluciones políticas.
Todo ello y, ante otra forma de hacer política, se ha reducido el independentismo, tras unos resultados electorales con los socialistas catalanes a la cabeza que nos demuestran que con otro talante y apelando a la convivencia se está más cerca de una solución.
Ahora, arrancará un trámite parlamentario en el que todos los partidos podrán presentar sus enmiendas o propuestas. No obstante, es peculiar que cuando todavía no se conocía la propuesta de ley, ya estaba toda la derecha extrema y la extrema derecha en contra, implantando el miedo en los ciudadanos, arrojándolos a las calles con las vergonzosas imágenes de tono franquista y fascista en la sede del PSOE en Ferraz.
La ley, en su presentación, ya cuenta con resoluciones del Tribunal Constitucional que la avalan –una ley de amnistía vigente y más de treinta tratados y convenios internacionales la contemplan–. Además, es un instrumento común en países de nuestro entorno para resolver crisis políticas: desde 1945, países como Francia, Portugal, Alemania, Italia o Suiza han aprobado más de cincuenta leyes de amnistía y, muchas de ellas, para conflictos mucho más graves que el proceso soberanista.
Por tanto, dicha ley cabe en nuestra constitución sin ningún género de dudas y, lo más importante, responde a un objetivo legal: garantizar la convivencia democrática dentro de la constitución.
Lo que sí es evidente es que la situación en Cataluña es hoy muy diferente a la de 2017. Para ello, devolvemos a la política lo que nunca debió salir de ella y ensanchamos nuestro compromiso democrático, ya que ahora caben más voces –distintas, muy distintas a las de los socialistas–, pero plenamente legítimas con la vía del diálogo, repito, del que nunca debimos salir.
Lo que está claro es que catalanes y españoles necesitábamos otro marco y en poco tiempo reconoceremos que esta vía política era la mejor solución a un conflicto enquistado por la falta de diálogo y de judicialización por parte del PP.
Esta ley está creada para superar un pasado de confrontación y abrir un nuevo tiempo de diálogo y entendimiento. ¿No hicimos eso durante la Transición? ¿No se han hecho otras amnistías a evasores fiscales que solo beneficiaban a personas de gran capacidad económica? ¿No se ha amnistiado en tiempos de gobierno de la derecha de Aznar a terroristas, incluso cuando aún asesinaban? Pero bueno, ya sabemos que los populares solo aceptan los resultados electorales cuando les benefician a ellos.
Nos espera una legislatura dura, en la que el gobierno de progreso intentará capear el estilo marrullero, fake y de confrontación de los últimos años. Los socialistas nos quedamos con volver a la normalidad democrática del país y salir del barro en el que está inmerso el PP.
Un apunte. Hace unos días una concejala popular de la Corporación municipal de Gandia recriminaba a la ministra Diana Morant y al Gobierno local el apoyo a dicha ley. Debería saber que en el Partido Socialista no se le impone la opinión ni a sus cargos –desde el más alto al más bajo–, ni a sus afiliados. Los socialistas votamos libremente a nuestros representantes en primarias y ratificamos el apoyo a decisiones tan importantes como esta ley.
Recuerde: Pedro Sánchez dejó su acta para no entregarle el gobierno a Rajoy y hoy es nuestro secretario general y presidente del Gobierno de España. En otros partidos, su responsable mayor denuncia un caso de presunta corrupción y le cortan la cabeza –políticamente hablando–. No sé si me ha entendido.
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José Juan López Argumánez
Miembro de la Comisión Ejecutiva Local del PSPV-PSOE de Gandia