La recién creada Plataforma Per l’Horta de la Safor ha puesto en marcha en cuestión de días una intensa campaña informativa y de captación de adhesiones en contra del proyecto planteado por la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques para prolongar la carretera CV-60 entre Beniflà y Gandia. La finalidad es evitar que se lleve a cabo dicha prolongación por los términos de Palma, Beniflá, Potries, la Font d’en Carròs, Rafelcofer, Beniarjó, Bellreguard y Almoines hasta conectar con la nueva carretera de salida al puerto de Gandia. Tal como está prevista, aseguran, es “una obra faraónica innecesaria que tendría un impacto muy violento sobre gran parte de la huerta histórica y el patrimonio hidráulico milenario de la Safor”.

Desde el colectivo argumentan que actualmente la comarca ya está atravesada por la AP-7 y la N-332, y “teniendo en cuenta la experiencia del abuso en la construcción desenfrenada que ha sufrido nuestro territorio durante décadas, nos vemos en la obligación de rechazar este modelo propio del siglo pasado. Por no hablar de la situación de emergencia climática en que nos encontramos”. Recuerda que ya existe una vía que conecta esta parte de la comarca que se encuentra en buen estado y no está saturada de tráfico.

Hace unos días, era la alcaldesa de Potries, Assumpta Domínguez, la que convoca a la población para informar sobre el proyecto, que consideran un «destrozo de la huerta histórica de la Safor» y que, por tanto, rechazan de plano. En aquella primera reunión se gestó esta plataforma que ahora recorre la comarca informando sobre el proyecto, especialmente, en los municipios cuyos términos se verán afectados por el nuevo trazado.

Este viernes se reunían en Rafelcofer, cuyo ayuntamiento también ha mostrado interés en interés con detalle el proyecto con el fin de poder posicionarse y optar o no a presentar alegaciones. Y es que se prevé que la Conselleria publique de forma inminente el trazado y con ello se abre el periodio de 30 días para presentar las correspondientes enmiendas.

Ante el revuelo generado, el propio conseller, Arcadi España, aseguraba que el proyecto se ejecutaría «con el máximo consenso» pero desde el colectivo, así como por parte de varios alcaldes y alcadesas afectados, aseguran que hasta el momento nadie de la administración autonómica ha convocado reunión informativa alguna, ni con los Ayuntamientos ni con los propietarios de los terrenos que serán expropiados si el plan sale adelante.

Además, sostienen que los fondos económicos destinados a este proyecto se podrían invertir en cubrir necesidades básicas de las personas que habitan esos municipios, así como en mejorar servicios como el transporte público, la creación de un carril bici intercomarcal, etc., que apuestan por un modelo viario más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Por todo ello, “exigimos que la Generalitat Valenciana lleve a cabo un proceso de participación para que sean los pueblos afectados los que valoren las necesidades reales del vecindario de la comarca y de su entorno”.

Y recuerdan: «Si en 30 años no ha habido problemas y las carreteras no han estado saturadas, no tiene ningún sentido construir una carretera nueva tan grande, con un impacto sobre la tierra, el paisaje y el clima tan grave sólo por ahorrar unos minutos de trayecto. Y teniendo en cuenta que los camiones y grandes vehículos no pueden superar los 90 km/h en autovías según la normativa de la DGT».