Poco más de tres meses separan el momento de escribir estas líneas de la convocatoria electoral de mayo próximo. Y, sin embargo, los partidos, al menos en Gandia, deberían ir planteándose, el día después.

Esto, por una razón fundamental, que no es otra que, como la historia reciente ha demostrado, la necesidad de formalizar pactos de gobierno estará sobre la mesa con todo lo que ello supone para el inmediato futuro posterior de la ciudad.

Y es que, salvo la sorpresiva mayoría absoluta del PP en 2011, todos los demás gobiernos municipales se resolvieron mediante pactos de gobierno, acuerdos de legislatura o puntuales de programa con gobiernos en minoría.

Esto indicaría la propensión, más que razonable del electorado, a demandar a sus electos, una dosis de renuncia a sus ideas y otra de generosidad para con los demás.

En todo caso, la beneficiada fue la ciudad y, sobre todo el clima de convivencia política, muy alejado de la crispación y el desafuero que se vivió entre 2011 y 2015, con un PP ensoberbecido y con tics absolutamente antidemocráticos, cuando no arbitrarios y una gestión plagada de hechos irregulares, algunos de los cuales se juzgan aun hoy.

Convengamos que el actual gobierno se sostiene sobre la base de un acuerdo in extremis, hasta cierto punto sorpresivo, gracias precisamente a que unos y otros supieron poner por encima intereses generales, antes que los de partido.

Así, pudo alejarse el fantasma de un ayuntamiento en quiebra, y la megalomanía de proyectos fantasiosos e irrealizables, mientras se dejaba de pagar cuestiones elementales como la energía eléctrica, el teléfono o servicios tan elementales como parques y jardines, o se abandonaban programas esenciales.

Esa enseñanza, debería predisponernos a todos para entender que un acuerdo político, con fuerzas que sirvan de contrapeso a la tentación de hacer y deshacer sin dar cuenta a nadie, siempre operará en beneficio de la gestión y, por añadidura, de la ciudadanía.

Como quiera que sea, altos dirigentes políticos se les puede y debe exigir que cumplan su programa de gobierno, plasmado en promesas de campaña, pero ello no debería obstar para alcanzar acuerdos donde, llegado el momento, se plasmara en un programa común, claro, con objetivos alcanzables y avalado por la ciudadanía en una mayoría de gobierno.

Aunque, siempre, siempre, serán los ciudadanos quienes tengan la ultima palabra con su voto.