El Consell ha aprobado el decreto ley por el que se establecen medidas urgentes relativas a la COVID-19 que modifica el régimen sancionador específico contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de las medidas de prevención de la COVID-19 establecido en el Decreto ley 11/2020. Entre otros aspectos, se considerará el botellón como infracción grave y se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas desde las 20 horas hasta las 7 horas del día siguiente.
La norma prohíbe el consumo colectivo de cualquier tipo de bebida en la vía pública o demás espacios abiertos al público, cuando se constate por la autoridad inspectora que se impide o dificulta la adopción de las medidas sanitarias de prevención o del mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal. Además, se califica como infracción grave la participación y, como muy grave la organización de reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto equivalente, de carácter privado o público, que impliquen una aglomeración o agrupación de personas, cuando también «se constate por la autoridad inspectora que las circunstancias de la celebración impidan o dificulten la adopción de las medidas sanitarias de prevención o del mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal». Con todo ello, el botellón será considerado una infracción grave con multas que van desde 601 a 30.000 euros.
Por otra parte, el decreto incorpora la modificación de la ley de Salud Pública que permitirá avanzar la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en supermercados y tiendas al por menor a partir de las 20.00 horas. Estas medidas se aplican a todo el territorio de la Comunitat Valenciana independientemente de si hay o no toque de queda en los municipios de mayor incidencia de la COVID-19.
Efecto disuasorio entre los jóvenes
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha destacado que «en este tipo de fiestas y de reuniones es donde tenemos el mayor índice de contagios, por lo que el denominado botellón se está convirtiendo en un gran factor de riesgo». Bravo ha justificado de este modo la necesidad de considerar el botellón como una infracción grave y establecer multas cuantiosas. Para la consellera, la medida busca «un efecto disuasorio entre los jóvenes porque, aunque confiamos en ellos, debemos recordarles que el virus ataca a todos y que el 10 por ciento de los jóvenes que se contagian tienen secuelas muy importantes». Por eso ha apelado a su responsabilidad y ha mostrado su confianza en que «cumplirán las medidas sanitarias».
A este respecto, la vicepresidenta portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha indicado que «hay consenso científico en que limitar la interacción social ayuda a frenar la transmisión del virus», motivo por el que la Comisión Interdepartamental acordó nuevas medidas, que entrarán en vigor la madrugada del sábado y que se mantendrán hasta el 25 de julio, «con el objetivo de proteger la salud de las personas, garantizar el control de los brotes y contener la propagación del virus».