Nuevo capítulo en el largo litigio por la nueva concesión del Real Club Náutico de Gandia. El pasado mes de mayo, el Tribunal Superior de Justicia fallaba a favor de la empresa Alcara Infraestructuras y anulaba así la concesión otorgada al Club en 2018. Ahora, la aclaración de dicha sentencia confirma que el proceso se retrotrae hasta el momento de la admisión de los recursos presentados, es decir, cuando Alcara ya estaba propuesta para recibir la concesión y así se publicó el BOE.
El mensaje que la mercantil quiere hacer llegar a todas las partes y a los ciudadanos es que tanto la sentencia judicial como las aclaraciones son rotundas, dan la razón a Alcara y no solo sentencian que no debió admitirse el recurso de reposición, sino que, consecuentemente, debe adjudicársele la concesión.
El resumen en fechas del proceso es el siguiente:
– 12 de mayo de 2016: RCNG presenta su solicitud de concesión
– 18 de julio de 2016: Alcara Infraestructuras SL presenta su solicitud de concesión
– Marzo 2017: Primera oferta de negociación de Alcara al RCNG. Rechazada
– 2 junio de 2017: la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) otorga la concesión administrativa a Alcara. El RCNG recurre
– 15 de diciembre de 2017: La APV declara nula la concesión a Alcara
– 9 de febrero de 2018: Alcara interpone recurso contencioso-administrativo a la APV
– 22 de junio de 2018: La APV otorga la concesión administrativa al RCNG
– Mayo 2020: Comienza el derribo del Náutico.
– 28 de mayo de 2020: El Tribunal Superior de Justicia Comunidad Valenciana (TSJCV) acepta el recurso de Alcara de 2018 y anula la concesión del RCNG
– Agosto de 2020: El RCNG vota volver a recurrir la sentencia del TSJ y no descarta llegar hasta el Supremo
Esta decisión se ha tomado en la última asamblea general celebrada el pasado 29 de agosto, en la que se votó por unanimidad recurrir el fallo e incluso llevar hasta el Tribunal Supremo la defensa de la concesión de las instalaciones. El Club alega estar avalado por la Autoridad Portuaria, lo que llevó a iniciar su proyecto con la demolición del viejo edificio.
La asamblea también votó la renovación de la junta directiva, que estará encabezada por el hasta ahora presidente en funciones David González Levallois. “La sentencia sólo anula el primer punto de nuestro recurso, que alegaba un defecto de forma. Pero en nuestro escrito hay otros muchos puntos que también son motivo para excluir la oferta de Alcara y que ahora la APV deberá estudiar”, aclara González. A partir de ahí, “los socios lo que nos dicen es que lleguemos hasta el final si hace falta, que es el Supremo”. Una posibilidad que alargaría al menos dos años más el proceso.
Para Alcara, eso no es una opción porque la dilatación en el tiempo es precisamente lo que ha impedido que la ciudad de Gandia goce de unas instalaciones punteras “justo cuando más falta le hacía, ya que si hubiera seguido el procedimiento normal, en mayo de 2020 estaba prevista la finalización y entrega de las obras de la Nueva Marina”, explican.
NEGOCIAR UN ACUERDO
Una de las opciones que se barajaban es la negociación entre ambas partes para llegar a un acuerdo. De hecho parece que la propia Autoridad Portuaria de Valencia se ha ofrecido para mediar entre ellas, algo que la mercantil ha rechazado de plano. “No entendemos que la APV intente forzar como administración a Alcara para alcanzar un acuerdo de gestión a estas alturas, pues es ella la responsable de la situación actual al admitir el recurso de reposición del RCNG”, puntualizan.
Lo coherente, añaden, hubiese sido terminar el procedimiento administrativo de adjudicación de la concesión de las instalaciones a Alcara, por tener mejor propuesta. “Las sentencias y las aclaraciones judiciales son claras y en línea con lo que Alcara viene defendiendo. No parece, por tanto, lógico que la APV hable a estas alturas de mediación siendo la principal responsable de esta larga espera judicial innecesaria”, sobre todo, tras haber hecho “una adjudicación envenenada al RCNG, a quien ha permitido y alentado a realizar unas obras que nunca debieron comenzarse”.
David González ha sido elegido oficialmente presidente con lo que ya se presenta como un interlocutor válido para esas posibles negociaciones. Sin embargo, como él mismo reconoce, “es difícil que lleguemos a un acuerdo porque unir los intereses de una empresa privada con una asociación sin ánimo de lucro es muy difícil, aunque se contempla la posibilidad”.
Por otro lado, Alcara Infraestructuras recuerda que ya en su día tendió la mano al Náutico de Gandia con acuerdos concretos por escrito y se sentó con la APV, Ayuntamiento y representantes del RCNG antes de saber el resultado del procedimiento administrativo, “para ver cómo facilitar la colaboración y, sobre todo, la integración de los socios, para hacer un proyecto para todos y no sólo para unos cuantos, abierto realmente al público y con una gestión profesionalizada”. La propuesta de Alcara fue rechazada por la directiva del Náutico e insisten que “seguirá facilitando la integración de los socios y trabajando para que se cumpla la ley y se haga justicia en los términos solicitados, para realizar y gestionar su propio proyecto, que podría estar ya ejecutado y en explotación”.
Por último, Alcara solicita, una vez más, la colaboración de las administraciones en el ámbito que les compete “no intentando después de 4 años interferir de nuevo o venderse como mediadores. Debe quedar claro que las resoluciones judiciales acaecidas hasta la fecha no nos sorprenden, y en base a ellas vendrá el momento de solicitar las responsabilidades en otros ámbitos legales, véase el reciente caso del Club Náutico de Ibiza”, advierten. “Todo lo que se dilate en el tiempo el inicio de las obras va en detrimento claro para la ciudad. Está en manos de la APV cumplir las sentencias, así como del RCNG acatarlas, para no dilatar más esta situación, metiéndose en procedimientos estériles y probablemente inadmisibles.”, concluyen desde la mercantil.